La jueza Lidia Lago le ordenó al gobierno porteño que demuela un muro construido ilegalmente en una calle pública, que linda con la planta impresora del Grupo Clarín.

El muro de cuatro metros de altura, que incluye una barrera y una garita del Grupo Clarín para controlar quién pasa y quién no por una calle pública, cierra la calle Ascasubi entre Luna y Magaldi, en el límite con la Villa 21-24 de Barracas.

Del otro lado, funciona un playón de estacionamiento de la planta impresora del multimedios.

El fallo dio lugar a una acción de amparo presentada en el 2013 por el legislador Aníbal Ibarra y la diputada con mandato cumplido María Elena Naddeo, junto a vecinos de la Villa 21-24 de Barracas, ante la existencia de la pared de cuatro metros sobre la calle Hilario Ascasubi al 3200, entre Luna y Agustín Magaldi.

El muro, según la denuncia, bloquea el paso a los vecinos por esa arteria y agrega ese espacio al que ocupa el estacionamiento privado y depósito de la empresa, estableciendo una continuidad visual y física con la propiedad del multimedios.

Según la decisión judicial, el Gobierno porteño “en ejercicio del poder de policía y en el plazo de diez días debe proceder a demoler el muro existente en la calle Ascasubi y remover cualquier obstáculo existente a fin de garantizar la libre circulación por las referidas arterias”.

“Lo cierto es que se verifica la existencia de una obra que obstaculiza el normal y adecuado ejercicio del derecho a circular libremente por parte de los habitantes de la Ciudad. Por lo que frente a la existencia de una obra que cercena ese derecho, su ilegitimidad impone al Gobierno de Buenos Aires, en ejercicio del poder de policía, adoptar las medidas pertinentes a fin de hacer cesar dicha obstrucción”, agrega.