Por estas horas, la fiscal federal Alejandra Mangano terminó imputando por presunto lavado de dinero a quien hasta hace unos pocos días se desempeñaba como subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan.

El ahora exfuncionario atesoraba 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en una cuenta en un banco de Andorra, otrora paraíso fiscal, que no había declarado, según hizo público el diario español El País.

A pesar de la cerrada defensa que ‘a priori’ hicieron ministros y secretarios, el escándalo derivó en la renuncia de Díaz Gilligan: es de suponer que la imagen de Mauricio Macri no toleraría otra nueva mancha oscura sin desplomarse definitivamente.

Pero en esa insularidad del gobierno macrista, donde todos o casi todos los funcionarios provienen de la misma secundaria, igual universidad y/o idéntico mundo empresario, no son pocos los altos funcionarios que, en el mejor de los casos, tienen sus ‘ahorros’ en el exterior o, en el peor, han sido o son titulares de cuentas ‘offshore’, allí donde –hasta no hace mucho– era casi imposible detectarlas.

Por ejemplo, el ministro Nicolás Caputo ha cometido o se presume que cometió el mismo delito que Díaz Gilligan –mínimamente, omisión maliciosa– y, sin embargo, por ahora no pesa sobre él imputación alguna.

El titular de la cartera de Finanzas nunca declaró que fue accionista de dos firmas ‘offshore’ domiciliadas en Islas Caimán, y dueño de una gerenciadora de fondos de inversión ubicada en Miami; actividades que, como se dijo, no aparecían en su declaración jurada al asumir la función pública.

Otro hecho reciente que al menos resultó en escándalo mediático, ocurrió durante la gira del ministro de Hacienda por España, adonde fue a buscar inversiones –esas que no acaban de llegar a pesar de las promesas preelectorales.

Fue en Madrid donde Nicolás Dujovne debió responder a la pregunta de un profesor de Economía de la Universidad Complutense de la capital española que jamás hubiera querido escuchar en público: “¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio en ‘offshore’…?”

A lo que Dujovne respondió: "Mi patrimonio está declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción…" En efecto, el ministro declaró ante la OA un patrimonio de casi 97 millones de pesos, con inversiones en el exterior por 74 millones. La principal inversión del ministro, por 20 millones, está en Florentine Global.

Según se sabe, hay dos firmas con esa denominación en el exterior: una de ellas es Florentine Global LLC, ‘offshore’ radicada en el paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos. Según allegados al ministro, no tiene su dinero en esa.

La otra es Florentine Global Investments Limited, registrada por Mossack Fonseca, el estudio panameño del caso Panamá Papers, con domicilio en otro paraíso fiscal: las Islas Vírgenes, según denunciara el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, sus siglas en inglés).

Así que, en cualquiera de los dos casos, la principal inversión de Dujovne, funcionario que tiene por función buscar inversiones extranjeras para la Argentina, está en el exterior y en un paraíso fiscal. Declarada, pero decididamente ‘offshore’, adonde van usualmente los dineros del lavado.

El ministro Juan José Aranguren es otro de los altos funcionarios vinculados al oscuro mundo de las ‘offshore’, según se desprende de la investigación denominada Paradise Papers, también del ICIJ.

En efecto, el ex CEO de la multinacional Shell, una de las beneficiadas con las políticas energéticas macristas, fue director de al menos dos empresas radicadas en jurisdicciones secretas, ambas dependientes de la mencionada petrolera.

Ellas son Shell Western Supply and Trading Limited, radicada en Barbados, y como director de Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la multinacional anglo-holandesa de la que Aranguren fuera titular en la Argentina hasta que asumió como ministro.

Como era de suponerse, ni Macri quedó afuera del escándalo que desató la ICIJ al hacer públicos los Panamá Papers. El Presidente llegó a ser investigado por la Justicia por formar parte de dos sociedades ‘offshore’: Kagemusha, con sede en Panamá, y Fleg Trading, ubicada en Bahamas.

Finalmente, en septiembre pasado, el juez juez Andrés Fraga dictaminó que "el Presidente no fue socio ni accionista” de esas firmas, responsabilidad que el propio mandatario atribuyó a su padre, Franco Macri. De hecho, el Presidente accionó judicialmente contra su progenitor…

Como ocurre en ciertos grupos mafiosos cerrados, el clan se cuida a sí mismo. Macri padre acabó asumiendo responsabilidades totales sobre eventuales responsabilidades ‘offshore’ de Macri hijo, quien meses antes había condonado a su propia familia más de 70.000 millones de pesos por deudas del Correo privatizado que comandaba Franco…

Como se ve, en la isla de (Díaz) Gilligan, todo es posible. Y los descriptos son apenas algunos capítulos de una larga serie…