Finalmente, la fiscal federal Alejandra Mangano imputó a quien hasta hace unos pocos días de desempeñaba como subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por presunto lavado de dinero.

Como se sabe, el ahora exfuncionario atesoraba 1,2 millones de dólares en una cuenta en un banco de Andorra, que no había declarado, lo que terminó con su renuncia una vez que un diario español hizo pública la noticia que sacudió al gobierno de Mauricio Macri.

La representante del Ministerio Público elevó el requerimiento de instrucción al juez federal Claudio Bonadio, a quien le solicitó que pida a la Oficina Anticorrupción (OA) las declaraciones juradas de Díaz Gilligan.

El delito de lavado de dinero tiene una pena de tres a diez años de prisión y prevé una multa de dos a diez veces del monto de la operación.