La denuncia contra el magistrado que ordenó el allanamiento de la empresa Hotesur SA fue formalizada por el senador Marcelo Fuentes (FpV) y recayó por sorteo en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

En la misma causa están involucrados Carlos Alberto Bonadío, familiar del juez, y Fernando y Alejandro Climent, los otros socios de la empresa que originó la denuncia del senador kirchnerista.

La denuncia de Fuentes se basa en diferentes noticias periodísticas sobre la participación accionaria (20 por ciento) de Bonadío en la firma “MANSUE SA”, dedicada a la venta de combustible. Sugestivamente el accionista mayoritario es un familiar directo suyo: Carlos Alberto Bonadío, quien posee el 40 por ciento de la empresa, mientras que los Climent tienen un 20 por ciento cada uno.

Según se especifica en la denuncia, Bonadío no podría formar parte de la sociedad respectiva toda vez que el reglamento para la justicia nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Asimismo, se destaca que esa firma no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012, y que al desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado.

Se suma también que Fernando y Alejandro Climent tendrían como actividad el asesoramiento de sociedades anónimas y que participarían junto a Carlos Alberto Bonadío en otra empresa denominada "GAS LANUS SA", que al igual que “MANSUE SA” se dedicaría a la venta de combustible.

Fuentes pide entonces que se lleve adelante una profunda investigación en relación a la evolución patrimonial de Bonadío, a efectos de determinar si pudo haber existido un incremento no justificado en su situación económica.