La Legislatura de Entre Ríos redactó un documento, en el que invita al Gobierno nacional a dar un paso más en la lucha por la defensa del medio ambiente.

El texto exige una denuncia ante los tribunales internacionales de La Haya sobre "los hechos vinculados a la producción de pasta de celulosa en el margen oriental del Río Uruguay, en territorio uruguayo y las violaciones que estos implican a los convenios suscritos entre las partes y a los pactos internacionales".

Los legisladores interpretaron que Uruguay, con su decisión de habilitar la mayor contaminación del Río Uruguay, va contra los alcances del Tratado del Río Uruguay, del Estatuto del Río Uruguay, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969, del tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el uso no navegable de los Cursos de Agua Internacionales, del Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos, del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur del año 2001 y de la Declaración de Estocolmo del año 1972.

El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, destacó la unión de los ciudadanos en defensa de su río, al tiempo que marcó a los responsables: “Una empresa europea contamina el río contando para ello con autorización del gobierno de Uruguay”.

"Esto nos obliga a reaccionar institucionalmente. La provincia de Entre Ríos ha estado a la altura de las circunstancias apoyando, con esta resolución unánime de ambas cámaras legislativas, el reclamo del gobierno nacional ante la Corte Internacional de Justicia. Ciertamente estamos muy satisfechos", advirtió.

Por unanimidad, ambas Cámaras expresaron su apoyo a las gestiones que desarrolla Urribarri tras la decisión del gobierno uruguayo de autorizar el aumento de producción a la pastera que está ubicada a la vera del río, frente a Gualeguaychú.

Además, el Proyecto de Resolución da por confirmado el incremento de las sustancias contaminantes según análisis de laboratorios internacionales, más precisamente Pacific Rim y Exova, ambos de Canadá.

Esos informes especifican la detección de pesticidas organoclorados, organofosforados, carbámicos y/o pirotroides, así como un cuestionamiento sobre la normativa vigente, con el objetivo de que se determine si se considera la temperatura de las aguas volcadas, con relación a la temperatura promedio del río y la presencia de fenoles en los efluentes, entre otras irregularidades.

Uno de los aspectos centrales que cita el texto de los legisladores sostiene que "el conflicto entre partes involucra la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos".

El reclamo requiere la competencia de la Corte Internacional de La Haya, ya que el conflicto fue generado por la actitud del gobierno uruguayo.