La semana pasada, el insospechable Clarín daba cuenta de la ideología macrista en lo que respecta a los servicios públicos y en particular sobre los tarifazos aplicados en el gas, la electricidad y el agua, pero también en el transporte.

“'El problema es que todos piensan que la energía es un derecho humano', analizó hoy un alto funcionario con despacho en Balcarce 50", decía ese diario en un artículo en el que se analizaba el impacto de la decisión de la Cámara II de La Plata, que frenaba los aumentos de gas en todo el país.

Como ese "alto funcionario", el presidente "Mauricio Macri está convencido de que el rechazo al ajuste de las tarifas es un problema más cultural que político. 'Creen que debe ser gratis', señaló el Jefe de Estado en charlas privadas", proseguía el artículo aparecido el 7 de julio pasado.

El artículo resume claramente toda la 'filosofía' del macrismo respecto a los servicios públicos: para el Gobierno, se trata de negocios con los cuales los privados, ayudados inestimablemente por el Estado, deben generar ganancias, sin importar nada más.

El "problema", como quedó claro, es que exista quien considere un derecho humano el acceso de las familias a esos servicios. El problema para el macrismo, por extensión, son los derechos humanos que eventualmente representen un límites a su política neoliberal.