En diciembre, el fiscal especial de la causa AMIA recientemente fallecido, Alberto Nisman,  había presentado un escrito en el que solicitaba que adelantar el juicio oral contra los acusados de encubrir el atentado. La fecha prevista es para el segundo semestre del año en curso.

En su momento, el fiscal especial para la Causa Amia, argumentó que "se encuentran cumplidas las condiciones procesales que permiten fijar una fecha próxima", pidiendo en ese marco que por la "relevancia" existía la "necesidad de adoptar una decisión definitiva".

Los acusados en el marco de esta causa son el ex juez Juan José Galeano por los delitos de peculado por malversación de caudales públicos, coacción, falsedad ideológica de documento público, privación abusiva de la libertad, encubrimiento, violación de medios de prueba y prevaricato, junto al ex secretario de Inteligencia Alfredo Anzorreguy, por peculado, encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público.

También aparecen imputados los ex fiscales Eamon, Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia, quienes llegarán a juicio acusados de privación abusiva de la libertad agravada, peculado y coacción, junto al reducidor de vehículos Carlos Alberto Telleldín y su pareja Ana María Bogarín; el abogado Víctor Stinfale, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja y el ex agente de la SIDE, Patricio Finnen, por el delito de peculado.

En la lista también aparece el ex presidente Carlos Menem por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad y el ex PFA y ex jefe de la Policía Metropolitana, José Alberto "el fino" Palacios por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios de prueba.

La lista se completa con el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar por encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica; y el ex PFA Carlos Antonio Castañeda por encubrimiento, abuso de autoridad, violación de medios de prueba y falsedad ideológica.

La causa por encubrimiento del atentado a la AMIA se inició el 15 de febrero de 2000, a raíz de las declaraciones públicas del ex prosecretario del juez Galeano, Claudio Lifschitz.

Antes de llegar a Lijo, la causa sufrió un largo parálisis cuando estuvo en manos del juez federal Claudio Bonadío, quien fue apartado en 2005.