"Estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante: es eventualmente alguien que está escapando de la ley, o alguien con estado de inmigración que al mismo tiempo delinque", expresó la canciller Susana Malcorra.

Según publicó el diario Clarín, el tema forma parte de la agenda de la mesa que se desprendió del "Gabinete Nacional del Programa Siria", creado por el Presidente a través de un decreto. En ese marco, los ministros y representantes de las áreas que articulan la recepción de los refugiados sirios, especialmente los ministerios del Interior (Migraciones y Renaper), Desarrollo Social, Seguridad y la Cancillería, también analizan alternativas para dar una respuesta a una situación que, admiten en el Gobierno, preocupa.

"No podemos -agregó la ministra- volvernos un país cerrado, pero al mismo tiempo tenemos que ser un país responsable de que acogemos a aquellos que vienen a la Argentina a ser parte de un proyecto con buena voluntad". "¿Qué se entiende por 'buena voluntad'? Esas cuestiones son las que la ley o la revisión de la ley va a tratar de ajustar", deslizó Malcorra.

Además, el matutino advierte que en el gobierno hay quienes creen que se debe hacer a través un proyecto de ley o un decreto, otros que entienden que alcanza con aplicar con firmeza la legislación vigente. Y citan el inciso C del artículo 29 de la ley 25.871, de Migraciones, que fija como impedimento para el ingreso y permanencia a aquel extranjero que haya sido "condenado" o tenga "antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas" o por "un delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más".