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No se puede tapar el sol con una mano, y la verdad sale a la luz. Como contó el Gato Sylvestre en C5N, Dolores Pujol se desempeñó como síndico en representación de un grupo de accionistas clase D de la compañía petrolera de mayoría estatal, durante los años 2017 y 2019. 

Por eso fue citada a declarar por la jueza María Servini en la causa que investiga la persecución al Grupo Indalo y el desguace de sus activos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Incluso fue pescada por las cámaras de C5N cuando acompañaba a Pepín en Punta del Este, lugar de refugio del prófugo de la Justicia.

En la operatoria que involucró la compra de los activos de OCSA, Pujol recordó la participación de Marcelo Rufino, a quien dijo conocer por sus vínculos con Rodríguez Simón en la Fundación Pericles y por ser socio en el Estudio Llerena & Asociados, donde también trabajó Pepín.

Rufino es uno de los apuntados por haber realizado gestiones de intermediación y asesoramiento para YPF, relacionados fundamentalmente a la venta de los activos petroleros de Oil Combustibles para que terminen siendo rematados a “previo vil”. 

La jueza Servini es quien tiene a su cargo la denuncia por el desmembramiento de la petrolera OCSA y durante el último año pidió distintas medidas de prueba, entre ellas información a la petrolera YPF. Sin embargo, la documentación aportada por la compañía llegó plagada de faltantes e inconsistencias.

La contratación de Rufino como abogado externo fue realizada por Germán Vito Fernández Lahore, VP de Asuntos Jurídicos de la compañía. El poder extendido por Lahore tiene fecha del 30 de mayo de 2017. Sin embargo, hay por lo menos 6 facturas previas que totalizan 80 mil dólares cuyo marco de contratación se desconoce.

La participación de Rufino en las gestiones vinculadas a OCSA fueron reveladas por dos facturas presentadas por 50 mil dólares cada una. Sin embargo, el marco de contratación del abogado era otro, ya que presuntamente debía desempeñar tareas en asesorar en los juicios internacionales de “Eton Park”, “Petersen”, “Maxus”, y el propio Contrato Marco le prohibía que facture otro tipo de servicios.

En su declaración, Pujol dio cuenta de su vínculo con Rodríguez Simón, el cual se remonta al 2010 cuando desempeñaba tareas en el área legal de la Dirección de Reciclado del Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Mauricio Macri. En aquel entonces, fue convocada por Pepín para hacerse cargo de la Fundación Percicles, fundada por el asesor macrista y donde también trabajaba Rufino.

Con el tiempo, Pujol fue avanzando en la gestión pública hasta llegar en 2015 al cargo de directora ejecutiva del Instituto de Juego de Apuestas de CABA. Entre 2016 y 2017, la Ciudad inicia la asunción de competencias del organismo, siendo Rodríguez Simón uno de los asesores en el proceso de transferencia. Durante ese período, la relación entre ambos era asidua debido a la tarea que debían llevar por delante.

De acuerdo a su declaración, Pujol da cuenta que Pepín desempeñó ese cargo durante todo el proceso de transferencia, de manera ad honorem, a partir de su experiencia en la materia.

Una vez finalizado el proceso, el operador macrista deja su cargo de asesor. Sin embargo, continúa en contacto con Pujol debido a los vínculos que los unían con anterioridad, entre ellos, la mencionada fundación. Sin embargo, a partir del 2017 la abogada comienza a desempeñarse como síndico en la petrolera, donde Pepín ostentaba el cargo de director.