"El Departamento de Estado lamenta la decisión de continuar con la ejecución de Tamayo sin esa revisión y reconsideración", indicó Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado.

La ejecución del mexicano, Edgar Tamayo, no fue una muerte más que carga el estado de Texas, sino que generó conmoción no sólo en México, sino dentro del propio gobierno de los Estados Unidos.

Tamayo, de 46 años, fue ejecutado el miércoles mediante inyección letal en la cárcel de Huntsville (Texas), después de pasar 20 años en el corredor de la muerte.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el último recurso presentado por sus abogados a minutos de su muerte, y a las 21:32, hora local, el hombre fue declarado muerto.

El mexicano había sido condenado en 1994 por el asesinato de un policía en un altercado callejero, más allá que el condenado no se acuerde de lo sucedido debido al alto nivel de ebriedad que tenía en ese momento.

Desde los gobiernos de México, Estados Unidos y diferentes ONG, apuntaron al fallo por violar la Convención de Viena, por no haber informado al prisionero que podía obtener asistencia consular y, además, porque el prisionero sufría de una leve discapacidad mental.

El gobierno de su país emitió un comunicado en el que afirma que la ejecución de Tamayo “viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena (2004)".

El caso de Tamayo provocó una verdadera lluvia de llamados e intervenciones diplomáticas y judiciales para tratar de suspender la ejecución, ya que los abogados alegan que al momento de su detención, Tamayo casi no hablaba inglés y no fue autorizado a comunicarse con el consulado mexicano.

La Convención de 1963, ratificada por 175 países incluido EEUU, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares tras ser informado de sus derechos.

La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió en 2002 la ejecución de internos con discapacidad mental, pero cada estado determina a su manera si el preso cumple o no con los requisitos para ser considerado discapacitado.

A fines de 2013, al fijarse la fecha para ejecución de la sentencia de muerte, el Secretario de Estado, John Kerry, había escrito una carta personal al gobernador de Texas, Rick Perry, para pedir la revisión del caso de Tamayo.

En las horas previas, el mexicano había confesado que estaba "listo" para morir y que veinte años en el corredor de la muerte "son demasiados", según dijeron fuentes penitenciarias.

En su último día de vida, el preso tuvo ocasión de saludar y sacarse fotos junto a su padre y sus hijas, a quienes pidió "que mantuvieran la calma y estuvieran tranquilos". No pidió ningún menú especial a las autoridades de la cárcel y comió el que estaba disponible en la prisión: costillas de cerdo, arroz, verduras, maíz, café y té.