Cuando el expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, propuso que el Estado controle el negocio de la venta de marihuana de forma regulada- para combatir al narcotráfico- parecía una utopía. 

Sin embargo, en 2017 se implementó el programa y en las dos primeras semanas de venta, el número de inscritos escaló casi a 10.000 después de unos 5 mil inscriptos iniciales que pudieron adquirir paquetes sellados de 5 gramos de cannabis a USD$6.5 dólares cada uno.

Pero ahora, según indicó The New York Times son varios los bancos estadounidenses que pusieron en la mira la venta regulada por parte del Estado y amenazaron con dejar de hacer negocios con la banca pública y privada de Uruguay que preste servicios a locales donde se vende la marihuana legal.  

La razón está en la aplicación de la Ley Patriota estadounidense, aprobada semanas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que señala que es ilegal para las instituciones financieras de Estados Unidos hacer negocios con distribuidores de ciertas sustancias controladas, incluida la marihuana. Medidas que fueron diseñadas para frenar el lavado de dinero y el tráfico de drogas, algo que entra en "contradicción" irónica con el proyecto de Mujica. 

Algunas farmacias ya mostraron su recelo ante la posibilidad de perder su acceso al sistema bancario y dejaron de vender la droga. El gobierno de Tabaré Vazquez investiga cómo llegar a una solución para no tener que dar marcha atrás con el proyecto que dejaría de ser seductor para las farmacias nacionales.