El pedido de José Luis Gioja -presidente del Partido Justicialista-, ante el Poder Ejecutivo, a la Oficina Anticorrupción y a la Sigen, está plasmado en un proyecto de resolución que está en sintonía con la postura planteada por Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa.

El último lunes, el presidente sugirió impulsar una querella sobre el endeudamiento asumido por la Argentina en el gobierno de Mauricio Macri.

José Luis Gioja on Twitter

 

Gioja argumentó que su pedido se debe a que en junio de 2021 finaliza el plazo de prescripción fijado en el artículo 9 de la ley 26.944 para poder realizar una investigación sobre el acuerdo con el FMI firmado durante el gobierno de Cambiemos.

Por ese motivo, el diputado del Frente de Todos solicitó que tanto "el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación se aboquen de inmediato a esta cuestión"

Gioja pidió así la aplicación la Ley de Administración Financiera que establece que "los funcionarios responderán por los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia, en el ejercicio de sus funciones, sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial".

"El Poder Ejecutivo de entonces, encabezado por Mauricio Macri, eludió los controles parlamentarios", apuntó Gioja.

"Dadas esas irregularidades constitucionales, legales y procedimentales, estimamos que el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación deben arbitrar medios de inmediato para que se articule la acción de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios que intervinieron en la celebración del acuerdo con el FMI en 2018", completó Gioja al argumentar las razones de su pedido en los fundamentos del proyecto.

Además, recordó que la ley de Responsabilidad del Estado Nacional establece que: "La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen". Recordó asimismo que "la pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años".