Finalmente, el Gobierno bonaerense dejará sin efecto la resolución firmada la semana pasada por la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, a través de la cual la provincia adhería al protocolo nacional de aborto no punible. Desde el gobierno anunciaron que, en su lugar, presentarán otro protocolo. 

"Considerando que en términos formales y dada la complejidad del tema se requiere la intervención de otras áreas del Gobierno con competencia, la cartera provincial de salud se encuentra trabajando en una nueva resolución que dejará sin efecto la anterior, para la elaboración de un nuevo protocolo", indicaron desde la Provincia. 

La marcha atrás se debió a la presión que hicieron estos días distintos grupos católicos, pero principalmente la Iglesia, para impedir que se imparta el protocolo que indica a los médicos cómo tratar casos de embarazo por violación o donde peligra la vida de la mujer, para que, si se solicita, se pueda practicar el aborto con los cuidados médicos correspondientes. 

La elaboración del protocolo había sido pedida por la Corte Suprema de Justicia a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires en 2012. 

En ese momento, la provincia ya tiene "un protocolo sobre aborto no punible vigente y en aplicación. Sin embargo, el Ministerio de Salud adhirió por resolución ministerial reciente a un protocolo nacional, y lo hizo contemplando un punto de vista sanitario", explican en La Plata.

Consultados por Ámbito.com sobre quiénes se oponen a la aplicación del protocolo nacional, desde el gobierno bonaerense dijeron que "los propios médicos y directores de hospitales por el temor a la responsabilidad penal que podría caberles en este tipo de acciones".

Al respecto de esta marcha atrás del oficialismo, la senadora del Frente para la Victoria, Mónica Macha, aseguró que se "deja sin protección a miles de mujeres".

También su par en el Congreso Guillermo Kane, del Frente de Izquierda, recordó que "hay unas 600 muertes por abortos clandestinos por año en nuestro país. "Vidal es parte de un Gobierno tradicionalista, conservador y clasista porque las que están en riesgo son las mujeres más humildes y no las ricas", dijo.

También el exgobernador Daniel Scioli se había negado sistemáticamente a aplicar el procedimiento nacional que está vigente desde 2012. Incluso, su resistencia se cristalizó durante la campaña presidencial en la que llegó a decir que, de ganar las elecciones, vetaría lo dispuesto en el Código Penal, recuerda Ámbito.com.