Se trata de Fernando Martínez de 28 años y 16 en el cuartel, que se desempeñaba como ayudante de primera; el subcomandante Alejandro Malbos de 50 años y 28 de servicio y Gustavo Espíndola de 46 años y 33 como oficial auxiliar quienes denuncian la existencia de una empresa paralela de asistencia médica, contratos millonarios no declarados con una compañía de telefonía celular y venta de tosca extraída de un predio cedido por el INTA a la Fundación Felices los Niños lindero al cuartel, según informó NoFicción, un portal de noticias del conurbano.

Después de ser sumariados y separados Martínez, Malbo y Espíndola presentaron una denuncia en el municipio de Hurlingham en la que revelan que dentro de la asociación civil también funciona un negocio privado, pero de forma “ilegal”, llamado “Fire, emergencias médicas”. Según consta en la denuncia, se trata de un servicio de ambulancias y asistencia médica pago que tiene al menos 10 años de actividad dentro del cuartel y cerca de 50 empleados.

De acuerdo a la misma denuncia, que ya llegó a manos del intendente Juan Zavaleta, el jefe de Bomberos, Gustavo Calveiro; el segundo jefe Néstor Gómez; el subcomandante Diego Donazzon; el oficial auxiliar de dotación Hernán Riquelme; el presidente de la Comisión Directiva Pedro Cabrera y el tesorero Nicolás Mustafidis, “cobran sueldos que van de los 15 mil pesos a los 50 mil pesos mensuales”.

Pero las acusaciones no culminan ahí. Bomberos de Hurlingham posee un contrato de “habilitación de una antena de comunicaciones de telefonía celular instalada en la terraza del cuartel -continúa la denuncia- que sería de 8 millones 500 mil pesos por año”.

“Todos los ingresos monetarios expuestos jamás fueron publicados ante los socios y contribuyentes, se desconoce la existencia de balances anuales y las solicitudes de transparencia a la superioridad por todas las anormalidades antes mencionadas dieron como resultado la baja disciplinaria” explicaron en su descargo presentado al intendente Juan Zabaleta.

El escándalo de la venta de tierra arrancó en enero de este año cuando Juan Manuel Casolati,  director del Hogar Felicies los Niños creado por el condenado cura Julio César Grassi, denunció en la Justicia que integrantes del cuartel de los bomberos de Hurlingham comercializaban tosca que sacaban con camiones de un terreno que pertenecía a la fundación.

Al respecto Espindola explicó a NoFicción la trama de este negociado. “El INTA nos cedió tres hectáreas” y allí “se armó un destacamento” que, casualmente, está lindero a la fundación Felices los Niños. En el medio de los dos predios hay un canal aliviador y con la excusa de que hacían trabajos para encausarlo sacaban los camiones de tierra para comercializarlos.

Los bomberos separados de sus cargos también se quejaron de que no se hayan respetado los plazos para que presentaran las respectivas apelaciones. Según ellos, los aprietes en este proceso fueron moneda corriente y fueron juzgados por los mismos a quienes ellos mismos denunciaron.