La incertidumbre que genera el Gobierno nacional con la falta de información, la pobre capacidad de cuidar los intereses de los ciudadanos y su insistente beneficio a las empresas que suministran los servicios energéticos, despertaron la solidaridad de dos empleadas totalmente conmovidas por la angustia de una jubilada.

La historia que relata el diario La Nación sucedió en Pilar, provincia de Córdoba. Más precisamente, en las oficinas de a Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), donde la desesperación y el llanto de una mujer de unos 80 años provocó que los empleados de atención al público juntaran el dinero para la factura de 200 pesos que la señora no podía abonar.

El mayor temor en el insistía la abuela tenía relación con el significativo costo que la prestadora le cobra a los usuarios para reconectar el servicio, una vez que le fue dado de baja por falta de pago.

Mientras los jueces que dictaron la cancelación de las subas en las facturas de electricidad le recomiendan a la población esperar una resolución judicial para abonar las facturas, las prestadoras envían comunicados casi en tono de amenaza: el presidente de Epec, Jorge González, indicó -desconociendo las medidas cautelares vigentes-que no recibieron ninguna comunicación ni de la justicia ni de Cammesa y que la actualización tarifaria sigue en pie.