Los vecinos de las villas 31 y 31 bis recorrieron el barrio con pancartas informativas para explicarle a los habitantes lo que el gobierno porteño pretende realizar con el proyecto de urbanización que pretende presentar en la Legislatura la administración de Horacio Rodríguez Larreta, sin la consulta popular prevista en las normativas vigentes.

Aprobada en 2009, la ley 3343 prevé que los habitantes de la barriada deben participar en la planificación del llamado proceso de urbanización, ya que hay familias que llevan 50 años en la zona, mientras que ahora Cambiemos pretende que paguen precios de mercado por las tierras.

"La pasividad de los delegados y consejeros mantiene a los vecinos desinformados", explicó Natacha Peralta, integrante de la mesa de urbanización participativa de esos barrios, en una entrevista reciente con radio Caput. Estos representantes debían someterse a elección este año en cada barrio, pero una decisión judicial decidió la continuidad de los actuales por dos años más, de acuerdo a lo que cuentan trabajadores que se desempeñan en el barrio.

Peralta denunció, entre los aspectos del dictamen oficial, un protocolo de desalojo que implica “mudar a otros departamentos que no cumplen con los servicios básicos”, describió departamentos construidos con cartón y durlock.

Habitantes villeros denuncian también que algunas obras de infraestructura que realiza la Ciudad ponen en riesgo la estabilidad de las viviendas, generando grietas y provocando desalojos forzosos con la excusa del peligro de  derrumbe.

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