El dato es elocuente y apunta a su entorno: los investigadores de la muerte de Maradona determinaron que los números telefónicos de los celulares que poseía el exastro Diego fueron cambiados en seis oportunidades durante el 2020.

Además, según fuentes judiciales del análisis de las comunicaciones se desprende que siete de cada diez llamados que recibía no eran respondidos.

Se trata de un aparato Iphone 7 Plus gris oscuro y un Iphone 8 Plus negro que pertenecían a Diego al momento de su muerte. Los aparatos fueron peritados mediante el UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés), que determinó, además, que seis conversaciones de Whatsapp de cada uno de los teléfonos habían sido borradas.

En tanto, el equipo de investigadores coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrados por los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, dispuso hacer un nuevo peritaje mediante el sistema VAIC (Vínculos por Análisis Informáticos de las Comunicaciones), con el objetivo de ampliar detalles sobre los llamados que se realizaron a partir del día de la internación domiciliaria hasta el fallecimiento de Maradona.

El UFED que utilizó la Fiscalía General de San Isidro es una herramienta tecnológica que permite extraer de un celular, una tablet o cualquier otro dispositivo toda la información almacenada de la memoria o de las tarjetas SIM para su análisis forense.

Al respecto, del ciento por ciento de esas comunicaciones analizadas en el primer aparato, nadie contestó en el 80,8 por ciento, mientras que de las llamadas de WhatsApp quedaron sin responder el 68 por ciento.

Además, en ese celular había 96 chats y 6 conversaciones habían sido borradas, añadieron los voceros.

En el segundo Iphone peritado, del total de llamadas telefónicas el 70,1 por ciento no fueron respondidas y del WhatsApp el 73,5, mientras que había 91 chats y al igual que en el otro artefacto fueron borradas 6 conversaciones.

En tanto, los fiscales definieron este miércoles hacer un nuevo análisis mediante el VAIC, el cual abordará tres aspectos a estudiar:

- Análisis de las listas sábanas de las llamadas entrantes y salientes de los dos teléfonos de Maradona.

- El vínculo de todas las comunicaciones que fueron tomadas por la antena cuya cobertura abarca el country San Andrés de Tigre el día en que falleció.

- Análisis de las comunicaciones del período que va desde el 11 de noviembre (día que llega al barrio privado desde la clínica Olivos) hasta el día de la muerte en los teléfonos de los imputados Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, y del chofer Maximiliano Trimarchi y Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla y asistente personal de Diego que convivía con él.

La situación del entorno de Maradona


Este jueves, el equipo de fiscales le enviará el expediente al juez de garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, para que resuelva sobre el pedido de eximición de prisión que presentó el lunes el psicólogo Díaz.

Este es el segundo pedido de eximición de prisión presentado en la causa por uno de los imputados en el expediente.

El pasado 4 de diciembre, el juez le otorgó el beneficio al principal acusado, el neurocirujano Luque, aunque solo en orden a la calificación de "homicidio culposo" -con una pena de 1 a 5 años de cárcel-, al considerar que es un delito excarcelable y que bastaba con una caución juratoria.

Aparte de Luque (39), Díaz (29) y Cosachov (35), los otros cuatro profesionales de la salud imputados que por el momento tiene la causa son los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (36) y Ricardo Omar Almirón (37); la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).

Pero los fiscales de San Isidro ya tienen bajo la lupa la actuación de algunos miembros del entorno que convivían con el "10" y, más hacia arriba en la cadena de responsabilidades, a sus empleadores, es decir, a los responsables de toda la "maquinaria Maradona" que estaba dirigida por su abogado y representante, Matías Morla.