Un decreto de 1997 es la excusa del gobierno para intentar ir por las pensiones a discapacitados, que por estas horas atraviesan momentos de tensión sobre lo que pasará con su vida. 

El Boletín Oficial publicó la resolución 268/2018 el 25 de septiembre, donde se establece el plazo de 10 días para que los y las titulares de derechos presenten razones para que su derecho no caduque por incompatibilidad. 

Esas restricciones tienen que ver, por ejemplo, con requisitos como el que establece que cualquier persona debe demostrar una incapacidad física de al menos 76 por ciento para ser considerada laboralmente inhábil y legítimo beneficiario de una pensión no contributiva.

A pesar de que Argentina firmó en 2008 la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad complementan esta arremetida con la retención de unos 75 mil trámites iniciados para otorgar nuevas pensiones, y con varios despidos dentro del sector.