El Centro, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia que conduce Guillermo Montenegro, es el lugar en donde los menores de edad ingresan tras haber cometido un delito en la vía pública y se creó 2009 con el objetivo de que los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley no permanezcan alojados en las comisarías.

De acuerdo a la resolución 329 que formalizó su creación, el objetivo es "contribuir a un mejor sistema de juzgamiento a jóvenes a los que le imputa la comisión de algún delito".

Según el médico Daniel Lovito, "por disposición del Manual Operativo del Centro, quienes entran deben tener una revisación médica al inicio y al egreso, pero desde el 6 de noviembre pasado, por la resolución 1657 del Ministerio de Salud que reduce las suplencias de guardia, esto quedó sin efecto de hecho".

"Desde hace 12 años, primero en el Centro de Contraventores y desde 2009 en el Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio, realizábamos la revisación médico-legal mediante suplencias de guardia durante las 24 horas del día", detalló Lovito, encargado del equipo, en diálogo con Télam.

En dicho manual consta que para el ingreso de un menor se necesita, entre otros requisitos, un informe médico-legista que debe realizar personal sanitario; y lo mismo sucede al egreso.

"A quien entra se lo debe examinar para saber si está en condiciones de estar ahí, pero desde que el servicio quedó sin efecto hubo ingresos y se violó el protocolo, porque cuando se comunican con el servicio del SAME para que envíe un médico para la revisación, no lo hacen", explicó el profesional.

Además, alertó que "al no ser visto por un médico, no hay nadie que corrobora si el menor tiene alguna lesión", antes o durante su alojamiento en ese centro que depende del gobierno de la Ciudad.

En cuanto a la situación de los siete médicos desafectados de esas tareas, Lovito afirmó que "se realizó un reclamo formal en donde pedimos que el servicio sea excluido de la resolución 1657, un expediente electrónico que todavía no se respondió".

"Es un vacío sumado a un lucro cesante porque a nosotros, de la noche a la mañana, nos dijeron que después de 12 años en relación de dependencia, con recibos de sueldos y sin problemas en el pago de salarios, el servicio quedaba sin efecto", afirmó el médico.

Además, añadió: "Van a ser tres meses que no percibimos salarios, aunque oficialmente no nos mandaron ningún telegrama de despido. Estamos esperando porque quizás nos responden el reclamo".

Lovito explicó que el equipo depende del SAME, ya que, aunque el servicio está a cargo de la Subsecretaría de Justicia, al ser un servicio de salud los sueldos se cobran mediante ese organismo.

Sin embargo, el titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó a Télam que no tiene a su cargo "la cobertura que no sea vía pública", por lo que el equipo que se encarga de la admisión de los niños, niñas y adolescentes en el Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio no formaría parte de su área.

"Me cansé de enviarles mail a funcionarios del gobierno porteño, pero no responden", sostuvo Lovito, y advirtió: "Como no hay tiempo estipulado para responder expedientes, esto puede quedar en la nada, aunque si es así iniciaremos el reclamo judicial".