Durante la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se reformula integralmente el sistema de Inteligencia nacional.

Tras más de seis horas de debate, el oficialismo, con la colaboración con sus habituales aliados, se impuso por 131 votos a favor contra 71 negativos, aglutinados en la mayoría de los representantes del arco opositor, en el marco de una votación que se concretó cerca de las 4.

Ello ocurre luego de que la oposición conformada por el PRO, el radicalismo, el massismo y el Frente Amplio Progresista concurriera a dar el debate tras la conformación del quórum reglamentario por parte del oficialismo. Como se sabe, cuando el tema se debatió en el Senado, la mayoría del arco opositor optó por no asistir.

Así, el proyecto aprobado disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días.

En cuanto a sus autoridades, el dictamen de mayoría establece que el director y subdirector general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En el texto se aclara, además, que "el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional".


Además dispone que se mantiene el personal así como los bienes de la actual Secretaría de Inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (Ojota) que pasará a depender de la Procuración General de la Nación.


La Procuración General tendrá la función de realizar escuchas telefónicas solo a pedido de un juez, que era una tarea que realizaba la ex SIDE.


De todos modos, las modificaciones más importantes incorporadas al proyecto están relacionadas con la actividad que podrán realizar los agentes de la nueva AFI.


En ese sentido, se establece la prohibición de que los agentes funcionen como auxiliares de la justicia, y solo podrán hacerlo "por pedido expreso del juez en una causa determinada".


Otro punto importante es la reducción de 25 a 15 años del plazo para la desclasificación de información, que ahora será clasificada en tres categorías, como información pública, reservada y secreta.