El fiscal de la Cámara de Casación Penal, Javier de Luca, rechazó continuar con la denuncia que había presentado el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios públicos, en la que hablaba de supuesto encubrimiento de los acusados para que se consumiera el ataque contra la sede de la AMIA.

En líneas generales, el fiscal coincidió el juez federal Daniel Rafecas y, en segundo término, con la Cámara Federal de Apelaciones: De Luca especificó que la "ley exige que lo que se denuncie e investigue sean hechos que constituyan delitos y no cualquier hecho de la vida".

"Todas las evidencias se contraponían de modo categórico a la existencia de la hipótesis acusatoria delineada por el fiscal", expresó en su resolución en consonancia con el magistrado Rafecas.

Los puntos salientes de su resolución:

-“No hubo delito alguno, consumado ni tentado”

-No es posible avanzar en medidas de prueba porque “no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar”.

-“Sostener que la firma de un tratado constituye un plan criminal, es un absurdo jurídico”.

-El Poder Ejecutivo y el Legislativo “no pueden delinquir cuando ejercen sus competencias constitucionales”, como firmar tratados.

-La supuesta intención de hacer cesar las alertas rojas de Interpol “no pueden, ni objetiva ni jurídicamente” constituir un delito de encubrimiento.

-Lo mismo puede decirse de crear una Comisión por la Verdad.

-Ordenar medidas de prueba “sólo nos conduciría a la confirmación de hipótesis no delictivas”.

A continuación, el texto completo.