El Faro Punta Mogotes, donde funcionó la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), fue uno de los centros clandestinos de detención que formó parte del circuito represivo de Mar del Plata durante la última dictadura. En ese lugar, recuperado en 2014 como sitio de memoria, el Ministerio de Seguridad de la Nación pretende instalar una sede operativa de la Policía Federal, según denunciaron organismos locales que manifestaron su repudio.

“Resulta alarmante, inimaginable, casi provocativo, que desde el Gobierno pueda surgir la idea aberrante de llevar a un espacio de memoria una institución policial que estuvo vinculada a tan cruenta masacre”, denunciaron.

“Nos enteramos por un portal de Mar del Plata y por las manifestaciones de funcionarios de seguridad que dijeron que estaba decidido poner una base de la Federal en este lugar. Además, ayer vino personal con chalecos, con trajes, con anteojos negros, bien característicos de la Policía Federal. Estuvieron viendo el predio. Se les preguntó para qué y dijeron ‘esto viene de Buenos Aires’, así directamente”, contó a Política Argentina Yamila Zavala Rodríguez, miembro del Colectivo Faro de la Memoria.

El lugar constituye “prueba judicial en los juicios por crímenes de lesa humanidad y se acercan diariamente personas de la comunidad a prestar testimonio, la mayoría de las veces, nunca antes presentados ante la Justicia”. Dentro del predio está la “casita”, como se conoce al edificio donde se mantuvo cautivos a los detenidos-desaparecidos y por donde pasaron centenares de víctimas.

“Hay un marco normativo de protección de este lugar. O son ignorantes o no les importa, pero hay leyes nacionales y normativas que garantizan el espacio como predio histórico y de memoria. Está señalizado por las secretarías de Derechos Humanos de Provincia y de Nación”, agregó la referente del Colectivo Faro de la Memoria. Y comentó que además ya había en marcha un proyecto que involucraba al Conicet, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la Universidad de Mar del Plata para conformar un complejo público y educativo.

La intención de instalar una sede policial “es un retroceso muy grande en todo lo que es el proceso de memoria verdad y justicia y de recuperación de estos espacios, para que toda la sociedad sepa lo que pasó”, cuestionó Zavala Rodríguez. Lo cierto es que no se trata del primer intento por erradicar la memoria del lugar: a fines de los ’90 la Armada, que seguía controlando los terrenos, entregó el espacio en concesión a una firma privada que instaló un parque de diversiones en 2001. El rechazo de los organismos fue tal que se dio intervención a la Justicia y los juegos para chicos debieron ser retirados de ese lugar donde se había torturado y desaparecido.