La Procuración desmintió las acusaciones del juez suspendido José María Campagnoli, que había hablado de "atropello" y de "persecución" a los colaboradores que se desempeñaban en su oficina, es decir, la de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE).

Desde la Procuración General de la Nación, que comanda Alejandra Gils Carbó, afirmaron que "funcionarios que integraban la SIPE sólo cambiarán de oficina a otra del microcentro pero es mentira que vayan a hacer tareas de archivo, seguirán con sus mismas funciones".

José Campagnoli había recurrido a los medios a intentar sostener una versión sobre la supuesta decisión de "mandar" a colaboradores suyos a "una especie de sótano" donde se archivan causas.

Funcionarios de la Procuración adelantaron que presentarán una denuncia penal y harán sumarios por "intentos de sabotaje" en la sede de la fiscalía, donde el viernes se produjo un corte de luz intencional y donde hoy se encontró una faja de clausura judicial que no tenía la firma de un magistrado.

La entidad pública tiene razones para sospechar de un grupo de trabajadores entre los que destacan al secretario letrado Ignacio Rodríguez Varela, hijo del ex ministro de Justicia de la última dictadura.

La sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, por voto unánime, rechazó en los últimos días de enero la cautelar presentada por Campagnoli para que se anule la suspensión que le impusieron y se frene el jury al que está sometido.