La denuncia contra Cerruti fue presentada por dos dirigentes de la Libertad Avanza: Nahuel Sotelo, legislador bonaerense, y el abogado Francisco Oneto, candidato a vicegobernador de Carolina Píparo en la provincia, y no se centra en los saqueos sino en las expresiones de Cerruti, porque el Gobierno no denunció el hecho ni se exhibieron pruebas para esa acusación.

La portavoz de Presidencia había asegurado que hay cuentas ligadas a Javier Milei y a Patricia Bullrich que incentivaron los saqueos: “El clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a La Libertad Avanza y a grupos de Bullrich, sobre algo que querían que sucediera. Había grupos de Whatsapp incentivando”,.

El fiscal Marijuan imputó a Gabriela Cerruti por omisión de denuncia e incitación a la violencia tras los saqueos y que consideró que la vocera presidencial manifestó que tenía información sobre el origen de los saqueos y no efectuó la denuncia correspondiente, algo que debería haber hecho por ser funcionaria pública. 

Y estimó que Cerruti mencionó a una persona -Javier Milei- como promotor de los ataques, sin haber exhibido ninguna prueba.

Además, el funcionario judicial les pidió al presidente Alberto Fernández y a los gobernadores que proporcionen los informes de inteligencia que se pudieran haber labrado por los incidentes.