Este jueves, se discute en la Legislatura porteña la modificación al convenio urbanístico firmada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA que prevé el relleno de los terrenos y la construcción de edificios de lujo hasta 45 pisos, es decir 145 metros de altura, en un predio de la Costanera Sur, donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva de Boca.

"Costa Urbana" se llama el proyecto aunque algunos lo llaman “Puerto Madero 2” y afectará a un predio 71,61 hectáreas (716.180 metros cuadrados) que pertenece a la empresa de bienes raíces e inmobiliaria IRSA, ubicado al lado de la Reserva Ecológica y del barrio popular Rodrigo Bueno.

Las torres estarían dedicadas principalmente a viviendas pero también a comercios, a un shopping y a un hotel, alcanzando una superficie total construida de 24 hectáreas, es decir casi 900.000 metros cuadrados.

Los empresarios esperan que se instalen en el nuevo emprendimiento inmobiliario unos 15.000 residentes en unas 6000 viviendas.

Hasta el momento las autoridades no presentaron ningún estudio de impacto ambiental. Tampoco se indicó si existe alguna evaluación sobre los riesgos que implica la cercanía a la central térmica Enel Generación Costanera (anteriormente llamada Central Costanera).

En la actualidad, esos terrenos solo pueden ser utilizados con fines deportivos, por lo cual el acuerdo alcanzado por la administración porteña amplía los usos y habilita la posibilidad de construir torres. Los terrenos conocidos como ex Ciudad Deportiva fueron propiedad del Estado nacional hasta que en la década de 1960 fueron donados al club Boca Juniors, a fin de que allí se construya un estadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendido a privados.


El pasado 19 de julio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa, que adquirió el predio en 1997, firmaron un convenio para ampliar los permisos a fin de habilitar la construcción de edificios.

A modo de contraprestación, IRSA cede al dominio público de la Ciudad 41 hectáreas del predio, que serían destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estaría a cargo de la empresa por diez años. Organizaciones ambientales, políticas y sociales presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para "declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación" la parcela costera y destinarla a una nueva reserva ecológica, lo que le aportaría un importante pulmón verde a Buenos Aires, una de las ciudades con menos superficie verde por habitante en el mundo. Según precisaron, la nueva reserva "permitiría preservar y recuperar el humedal costero y afrontar las amenazas de origen natural, es decir las inundaciones y las olas de calor".

Además, señalan los críticos del proyecto, como el Observatorio de la Ciudad, el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que: “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad de Buenos Aires son públicos y de libre acceso y circulación”.