Verdaderamente la llegada de Mauricio Macri a la presidencia significó un cambio, eso sin duda, por ejemplo en materia de reclamos sindicales. Según este informe de la CTA, la criminalización de las protestas laborales se está convirtiendo en algo de todos los días.

El relevamiento no queda el palabras sino que es bajado a números. Por ejemplo, durante el primer trimestre de este año, en al menos seis oportunidades, la policía o gendarmería reprimieron a manifestantes.

Asimismo, se registraron cuatro situaciones en las cuales grupos anónimos irrumpieron en reuniones o locales sindicales, lo cual no es un dato menor. Como tampoco lo son las confecciones de "listas negras", como el caso de los ministerios de Educación de Jujuy y Buenos Aires.

Cabe la pena recordar que el artículo 14 bis de la Constitución, ese que te enseñan en el colegio, garantiza el derecho a la huelga y la libertad sindical. Pero la norma parece no tener vigencia por estos días.

Tal como afirmó María del Carmen Verdú, integrante de la CORREPI: "Lo que están haciendo los tribunales es muy manifiesto, hay un apoyo descarado" a las políticas represivas del Gobierno de Cambiemos.

El modus operandi incluye multas, denuncias penales y detenciones de activistas sociales, el ejemplo más claro, puede ser la aprehensión de Milagro Sala. También, la discriminación sindical a través de despidos injustificados, desafueros, persecuciones hacia gremialistas y la complicidad patronal.

"Hay un endurecimiento muy general, es un sinceramiento", concluyó la referente de CORREPI.