Tras la audiencia llevada a cabo en Nueva York entre los representantes de los fondos buitres, los abogados argentinos y el juez Thomas Griesa, el Ministerio de Economía envió un comunicado de prensa en las últimas horas del jueves.

De acuerdo con el texto del Palacio de Hacienda, Griesa “mantiene su insólita posición de impedir el cobro del dinero que Argentina pagó a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, responde al pedido de los fondos buitres y llama a una audiencia para debatir sobre un supuesto desacato de la República”.

“Además, en un nuevo exceso de jurisdicción y desconocimiento de la soberanía, Griesa opinó sobre la ilegalidad de un proyecto de ley que ni siquiera comprendió en toda su extensión (al desconocer elementos centrales del mismo), y que fue enviado para su tratamiento en el Congreso de la Nación, como debe ser en todo Estado democrático", remarcó el Ministerio de Economía.

Del mismo modo, la cartera disparó contra la determinación del magistrado en contra de la iniciativa del Gobierno, y explicó: "El hecho de declarar ‘ilegal’ a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento demuestra también, nuevamente, su desprecio por la soberanía nacional de Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas”.

“No le bastó con bloquear el cobro a los tenedores que ingresaron a los canjes excediéndose en sus atribuciones y abusando de su jurisdicción; no le bastó con sembrar la confusión con su sentencia y sus órdenes contradictorias”, continúa el texto, y agrega: “Pretende ahora, a pedido de los fondos buitre, imponer condiciones al Congreso, máximo órgano legislativo de la Nación".

Por su parte, el comunicado sostiene que "el Juez Griesa continúa inmovilizando los fondos con el único propósito de forzar a la República Argentina a pagarle a los fondos buitre”, al tiempo que remarca que a través de esta situación el magistrado “insiste en presionar a la República Argentina para que realice ofertas en violación de sus leyes y de sus contratos, y con el riesgo de que se dispare la Cláusula RUFO".

Por último, el texto subrayó que "la Argentina continúa trabajando para generar condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores".