El gobierno de Theresa May sufrió su primer gran golpe al verse impedida de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al período de dos años de negociaciones para salir del bloque de la Unión Europea (UE). 

May, que asumió a su cargo luego de la salida de David Cameron  tras la vitoria del "sí" en el referendo, necesita contar con el apoyo del Parlamento y no puede tomar la medida unilateralmente. En un veredicto histórico, los jueces del Tribunal Supremo dieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionaron que el Ejecutivo pueda iniciar el proceso del brexit sin convocar previamente una votación parlamentaria.

Desde el Gobierno ya confirmaron que recurrirá este dictamen ante el Tribunal Supremo. Los letrados gubernamentales plantearon durante el juicio, celebrado entre el 13 y el 18 de octubre, que  los británicos- en el referéndum-  apoyaron la salida de la UE por un 51,9 %, dando a la primera ministra legitimidad para ejecutar unilateralmente la voluntad del pueblo.

Entre los ciudadanos que se mostraron en contra de esta posición está la empresaria británica Gina Miller, que expresó su deseo de acabar con "un entorno legal" en el que el Gobierno "puede pasar por encima del Parlamento".

May anunció durante el reciente congreso anual del Partido Conservador que deseaba activar la salida antes de finales de marzo de 2017, un plan que ahora dependerá de la decisión de los tribunales. 

El artículo 50 del Tratado de Lisboa establece que un Estado puede dejar la UE "de acuerdo a sus propios requerimientos constitucionales"; una frase ambigua que no termina de explicar cómo debe ser el proceso y que generó un conflicto en la justicia británica.   

Agencias AP y EFE