Representantes del Vaticano se presentaron este lunes en la primera de dos audiencias ante el Comité de la ONU contra la Tortura, que investiga los casos de pedofilia en el seno de la iglesia, para argumentar que carece de jurisdicción -en lo legal-, sobre los miembros del clero que puedan haber cometido delitos diversos, entre ellos los abusos sexuales contra menores.

"La Santa Sede desea reiterar que las personas que viven en un país están bajo la jurisdicción de las autoridades de ese país y sometidas a sus leyes nacionales", declaró el representante permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, Silvano Tomasi. Asimismo, remarcó que son las autoridades de cada Estado las responsables de aplicar la justicia "frente a crímenes y abusos cometidos por personas bajo su jurisdicción".

Esta argumentación fue rechazada de plano por la relatora del comité, Felice Gaer, quien declaró que "causa preocupación porque sugiere que (el Vaticano) cree que la convención se aplica sólo a sus cuatro esquinas y a los que están dentro".

En sede del organismo, Tomasi explicó que la Santa Sede "ha cumplido de buena fe con las obligaciones asumidas bajo la Convención contra la Tortura, integrando sus valores y principios en la legislación de la Ciudad del Vaticano".

"La Santa Sede, como miembro de la comunidad internacional, está relacionada, pero es una entidad separada y distinta del territorio de la Ciudad del Vaticano, sobre la cual ejerce soberanía", adujo el enviado del Vaticano.

En tanto, la jurista cuestionó el intento de distinguir y separar al Vaticano de la Santa Sede, como si la primera "fuese una subdivisión" de la segunda. Al tiempo que criticó: "Nunca antes hemos visto un intento de ratificar una convención sólo para una parte de si mismo, como si (el Vaticano) fuese una provincia de un Estado (la Santa Sede)".

De igual manera, objetó la pretensión del Vaticano de excluir a sus funcionarios en el exterior de la responsabilidad que les atañe en aplicación de los tratados internacionales.

"Esto no es conforme a nuestra práctica. La convención (contra la tortura) debe aplicarse a todos los funcionarios de un Estado, incluso a los que están en el extranjero, donde sea que se encuentren".

La delegación encabezada por monseñor Tomasi recibió más preguntas -"muy claras y específicas", a decir de la ONU-, que deberá responder el martes, en la segunda parte de la comparecencia del Vaticano ante el comité.

Tenso cruce en la Audiencia

Según Tomasi, desde 2004 más de 700 sacerdotes fueron apartados de sus funciones por la Santa Sede debido a las acusaciones de abusos sexuales que pesaban sobre ellos. La emisaria de la ONU preguntó a cuántos de ellos se los investiga y si han sido apartados de su función como medida de prevención?.

"Todos los que están bajo investigación, ¿están suspendidos de sus funciones para evitar que sigan cometiendo abusos o que intimiden a las víctimas?", prosiguió Gaer, que demandó al representante vaticano "números precisos de cuántas personas han sido encontradas culpables". Pero no hubo respuesta clara.

Al término de la primera parte de la audiencia, Tomasi dijo que la discusión dejó en evidencia que persisten importantes diferencias de opinión entre lo que se considera la responsabilidad legal y moral de la iglesia.

El hombre reconoció que la Iglesia todavía debe terminar de "hacer su propia limpieza" puertas adentro, y aseguró que los casos de pederastia están en declive debido a "las medidas adoptadas en los diez últimos años por la Santa Sede y las iglesias a nivel local". Y cerró: "Hay resultados positivos y continuaremos en esta dirección".