La Justicia uruguaya condenó a 20 meses de prisión a un joven de 19 años con antecedentes penales, que fue encontrado culpable de cinco delitos de estafa contra UNICEF Uruguay y una financiera de ese país.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección General de Represión al Crimen Organizado e INTERPOL, junto con la participación del programa Bus Seguro, quienes fueron los que finalmente dieron con el sospechoso procediendo a su detención. Tras declarar en sede de la Fiscalía actuante, fue derivado a la órbita del Juzgado Letrado en lo Penal de 40º turno, quien condenó a Jonathan Gabriel Mastropierro Olivera como autor penalmente responsable de "5 delitos de estafa, uno de ellos en carácter de continuado, en régimen de reiteración real".

De acuerdo con la denuncia de UNICEF, una persona que se hacía llamar ‘Jonathan Mastropierro Rockefeller’, solicitaba servicios de empresas de remises haciéndose pasar por vice-embajador Juvenil de la ONU y cargando los costos a la cuenta de la organización.

También presentó denuncia una empresa financiera de plaza, ya que el autor realizó diversas compras con números de tarjetas de crédito de clientes de dicha compañía, los que eran obtenidos en forma fraudulenta.

Jonathan se presentaba como un descendiente de la familia Rockefeller. En Instagram y Linkedin figura como "Embajador Juvenil Latinoamericano” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); en redes sociales divulgó videos "conferencias" y hasta realizó presencias públicas.

El dinero obtenido por ‘Rockefeller’ a través de estas estafas asciende a unos 3.000 dólares. En el momento de su detención, la Policía incautó, además, 78.510 pesos uruguayos, 400 dólares, dos celulares iPhone, una tablet, un pin de las Naciones Unidas color dorado, teléfonos celulares, chips y documentos varios.

El joven estafador ya había realizado maniobras similares años anteriores. En 2014 abrió un blog simulando ser la sucursal de una conocida empresa de seguridad y en pocos meses había recaudado dinero a cambio de servicios inexistentes por parte de un centenar vecinos en la localidad de Batlle y Ordoñez; mientras que en 2015 se dedicó a ofrecer falsos préstamos a través de una web y por eso la Justicia dispuso medidas cautelaras por el delito de estafa.