Hace pocas horas, el 19 de diciembre de 2023, se hizo pública una importante resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechaza el recurso extraordinario presentado por el Ministerio Publico Fiscal, ante la confirmación por parte de esa misma Casación, de la resolución adoptada por el Tribunal Federal Nro. 3. En ese fallo, tanto a Cristóbal López como a mí nos absolvieron, a finales del 2021, luego de casi tres años de juicio oral y público, de las acusaciones de defraudación al Estado. Acusaciones que fueron impulsadas por organismos del Estado, representados por funcionarios políticos con bajo nivel de respeto a la institucionalidad de la República en primer término, y en muchos casos, por personas humanas que intentaron hacer con un proceso de persecución y escarnio público, pingües negocios personales, apoderándose de activos que nos correspondían a precio vil y haciendo uso de la plata de los argentinos para tal fin.

Para ello, no se privaron de ningún mecanismo para alcanzar sus objetivos. Utilizaron ilegal y discrecionalmente a los diferentes organismos del Estado, para impulsar con toda intención la comunicación de información mentirosa, errónea, falsa, mendaz y parcial, que con posterioridad les permitiera -en base a la publicación de las mismas en los medios de comunicación masiva-, efectuar por sí o por terceros de relevancia política en su armado de gobierno, la presentación de denuncias judiciales en todos los fueros jurisdiccionales del país. Y a partir de ellas, liderar el aniquilamiento de cada una de las actividades económicas del grupo, y la cancelación de Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa como empresarios, emprendedores de la vida económica del país.

Hace seis años, un 19 de diciembre de 2017 a las 15.30 horas, un grupo de tareas comandado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que llevaba consigo un pedido de detención que, casi dos años después (septiembre de 2019), se demostró que se trataba de una resolución apócrifa, un simple prevaricato construido en sede judicial ante las presiones del poder imperante en la Argentina, salían a la caza mía y de Cristóbal. Su objetivo era apresarnos, exponernos frente a la sociedad como parte de los responsables de la caótica realidad del país y de los reiterados fracasos de su gobierno, con la consiguiente consecuencia en la vida social. Fuimos encarcelados por casi dos años en las unidades penitenciarias de máxima seguridad de la Argentina, Ezeiza y Marcos Paz. En ese encarcelamiento, no solo nos privaron de nuestra libertad ilegalmente, sino que no se respetaron ninguno de los derechos más básicos de cualquier persona: cuasi violaban a nuestros familiares y amigos en cada visita que ellos nos realizaban; nos escuchaban ilegalmente en nuestra conversaciones telefónicas personales y con nuestros representantes legales; hacían seguimiento físico de nuestros familiares, abogados y apoderados; amedrentaban a los mismos con falsos controles callejeros y con presiones de auxiliares de la justicia para lograr que se nos aísle; etc. De esta manera, creían facilitar su propósito de aniquilación y robo de los activos que tanto interés les generaban.

Este 19 de diciembre de 2023, pone un punto final a tantos malos momentos vividos por nosotros y todos aquellos quienes se animaron a acompañarnos, en poner blanco sobre negro, en poder hacer que la verdad de los hechos puede ser escuchada y conocida, y que las decisiones de los órganos jurisdiccionales de la República resuelvan en base a la ley y a la realidad de los actos de las personas.

Nunca más volveremos a ser las personas previas a aquel 19 de diciembre de 2017. Cada uno de nosotros curó o podrá curar el dolor sufrido con mayor o menor esfuerzo; habremos alcanzado el privilegio celestial de perdonar a quienes provocaron tanto mal, o estaremos en dicho camino.

La verdad triunfó. Quienes fueron llamados a decidir, decidieron. El silencio atroz de quienes se encargaron de impulsar tamaña locura, da prueba sobrada de su obrar.

Por último, adherimos absolutamente a las palabras del actual ministro de Justicia de la Nación Dr. Mariano Cúneo Libarona quien, en una reciente entrevista, ilustró con claridad mayúscula la significancia que tiene en la defensa de las denuncias judiciales -cualquiera sea su tipo- cuando estas son convertidas mediáticamente en conmoción para la sociedad, la necesidad de contar con medios equivalentes para poder informar a la sociedad la otra visión de los hechos, y de esta forma poder esperar el fallo de la justicia en un marco de debido proceso.

Una parte importante para poder llegar a la verdad en nuestro proceso fue cuando entendimos que debíamos exponer frente a la sociedad nuestra realidad de los hechos.