La Justicia citó a indagatoria a funcionarios porteños por la represión en el Borda sucedida hace un año. El fiscal general ante la Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad, general Ricardo Sáenz, consideró que la decisión del juez Jorge Adolfo López fue "caprichosa y arbitraria" y que "no fue debidamente fundada". Explicó que "lo que estaba sucediendo no podía escapar de los conocimientos del gobierno porteño".

Más pruebas complican al gobierno porteño por dicho suceso. Sáenz, presentó un escrito en el que apeló la decisión del juez de instrucción Jorge Adolfo López, que sobreseyó a parte de la cúpula del Gobierno porteño en la causa que investiga la represión en el Hospital Borda del pasado 26 de abril.

La represión aplicada dejó a pacientes, médicos, periodistas y legisladores con heridas graves de balas de goma. A partir de la decisión de López, quedaron sobreseídos el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, el titular del Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y su par en la cartera de Salud, Graciela Reybaud.

En desacuerdo, Sáenz consideró que la decisión del magistrado López fue "caprichosa y arbitraria" y que "no fue debidamente fundada. La represión no fue una medida dispuesta en forma intempestiva ante una necesidad repentina sino que de la investigación surgiría que el despliegue policial fue planificado".

“Al estar en los albores de la pesquisa, resulta prematuro excluir de responsabilidad a los que por su investidura tenían a su cargo de la conducción política de la Policía Metropolitana”, agregó.

"Lo que estaba sucediendo no podía escapar de sus conocimientos", dijo, y recordó que prácticamente todos los medios transmitieron en vivo los hechos.