Como si nada hubiera pasado, como si los amigos y familiares de Santiago Maldonado no hubieran perdido contacto con él hace ya una semana, el Gobierno -a través de la ministra Patricia Bullrich- insistió en defender el accionar de Gendarmería y culpar a la comunidad que las fuerzas quieren desplazar: "No vamos a permitir una república mapuche independiente y autónoma en medio del territorio argentino”, sostuvo Bullrich, a pesar de que los testimonios afirman que los gendarmes se lo llevaron en una camioneta, rumbo a Esquel.

Como consecuencia de un reclamo que llegó desde la ONU, la única reacción del Gobierno al respecto fue ofrecer una recompensa para quien aporte información, incluso la ministra de Seguridad recalcó que en la administración macrista son "defensores de los derechos humanos". 

Por su parte, el hermano de Santiago que no se cansa de hablar en los medios y mostrar las incongruencias entre los trabajos que realiza tanto el juez Guido Otranto como las autoridades de Seguridad, en relación a las versiones que escuchó al presentarse en la comunidad donde fue visto Santiago por última vez.

"Está todo probado, peritaje, rastrillaje, que lo que coinciden los relatos y la Defensoría, mientras que por parte del juez Otranto sale otra cosa distinta. Estuve delante de él y me dijo que era lo que él tenía. Te lo dan vuelta, y uno en vez de ser víctima se siente victimizado", diferenció entre las informaciones oficiales y los resultados de las investigaciones. 

El Defensor Público oficial ante el juzgado federal de primera instancia de la localidad chubutense de Esquel, Jorge Fernando Machado, desmintió a la funcionaria sobre el supuesto "estorbo" de la búsqueda por parte de la comunidad originaria, al tiempo que describió que los vehículos de Gendarmería tuvieron "una clara evidencia de que habían sido lavados" previamente, e incluso "uno de ellos tenía una faja en la puerta del conductor, que estaba rota".