Un represor precisó lugares donde se enterraron desaparecidos
Ernesto Barreiro, uno de los acusados en el juicio por más de 500 delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Córdoba, declaró este miércoles que en La Perla y Ciudad de las Américas, a 70 km de la capital, se enterraron a desaparecidos. El Tribunal ordenó una inspección ocular en la zona para corroborar sus dichos.
Barreiro habló en la audiencia de este miércoles, en la que reveló que en la zona de los hornos de La Ochoa, donde ya se hallaron restos de personas, en cercanías de La Perla y en la localidad de Villa Ciudad de América, distante unos 68 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se realizaron enterramientos de víctimas de la represión.
A partir de los datos aportados, el Tribunal Oral Federal 1 dispuso esta mañana la realización de una inspección ocular en la zona de los hornos para corroborarlo.
Quién es Ernesto Guillermo Barreiro
Sus apodos fueron “Nabo”, “Gringo”, “Hernández”, y “Rubio”. Fue Oficial del Ejército especializado en inteligencia, parte del Comando Libertadores de América y de la patota que actuó en La Perla y La Ribera y otros centros clandestinos dependientes del Ejército.
Llegó a Córdoba a fines de 1975 con el grado de Teniente 1º para revistar en el Destacamento de Inteligencia 141 donde estuvo hasta fines de 1979 cuando ya tenía el cargo de Capitán.
Como uno de sus miembros se desempeñó como uno de los principales integrantes de la patota de La Perla y posteriormente en 1977 fue jefe de la Sección Política.
En 1987 lideró el alzamiento carapintada de Semana Santa siendo luego beneficiado por la Ley de Obediencia Debida. Fue dado de baja del ejército ese mismo año.
Estuvo prófugo de la justicia hasta el año 2007 cuando fue deportado de Estados Unidos y entregado a las autoridades argentinas.
Llega a su primer juicio con 65 años. Se encuentra detenido y procesado en numerosas causas por violaciones a los Derechos humanos en La Perla y La Ribera.
Se encuentra alojado en el Penal Militar de Marcos Paz Imputado por 518 delitos: 228 privaciones ilegitimas de la libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravadas, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y la sustracción de un menor de 10 años.