En un duro revés judicial, el intendente macrista de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, ya no podrá continuar ejerciendo su estrategia anti Uber, por la que secuestraba autos y multaba a los conductores con enormes montos.

Según trascendió, por orden del jefe comunal, los agentes de Tránsito de ‘La Feliz’ pedían autos a través de la aplicación, simulando ser clientes, y cuando llegaban, les secuestraban el auto y les aplicaban multas de hasta 60 mil pesos.

Este miércoles se conoció la resolución del juez Correccional Jorge Luis Rodríguez, que favoreció a un chofer que, tres días después del procedimiento, el Tribunal de Faltas Municipal lo había condenado a pagar 57.591 pesos de multa.

“En el presente caso, más allá de otros argumentos, falta uno de los elementos mencionados: no existe constancia de que en el vehículo hubiera una persona que estuviera siendo transportada; de hecho los inspectores actuantes no consignaron dato alguno del pasajero, lo cual habría resultado crucial para poder citarlo y, de este modo, dirimir la cuestión, puesto que el imputado ha negado que se hallara transportando personas al momento de la constatación”, expresó el magistrado en la resolución.

Al respecto, el juez concluyó que “es necesario que el municipio regule y controle la actividad del transporte de personas, pero este ejercicio del poder de policía comunal no debe ser desempeñado de manera tal que vulnere el principio de legalidad estricta, condenando conductas que queden por fuera de la captación típica”.

“En consecuencia, no pudiendo tenerse por acreditados la totalidad de los extremos de la imputación en virtud de las razones apuntadas, esto es que el imputado al momento de la constatación estuviera efectivamente transportando personas, corresponde absolverlo”, determinó Rodríguez.