Las inmobiliarias quieren dar marcha atrás con la Ley de Alquileres recientemente votada por la Legislatura Porteña que beneficia a los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires que suman unos cientos de miles de personas. 

En primer lugar llamaron a un paro para este lunes 25 de septiembre, con una movilización a la Quinta de Olivos, "para repudiar la sanción de la ley que avasalla" su "libertad profesional", según el propio Colegio de Corredores Inmobiliarios.

Pero, al mismo tiempo, sale a la luz a través de la asociación Inquilinos Agrupados (quienes impulsaron la ley ahora vigente) que el fiscal general, Luis Cevasco, recomendó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que rechace ese recurso.

Todo parecería indicar que los inmobiliarios sufrirán otro duro revés judicial, teniendo en cuenta que ya el juez de primera instancia, la Cámara y el Fiscal del TSJ desestimaron los mismos argumentos que hoy mantienen.

Recordemos que, a través de esta ley se estableció que la comisión por la operación la pague el dueño (que es quien solicita el servicio) y no el inquilino, que viene siendo el más perjudicado en esta historia, con precios y subas realmente irrisorias y por fuera de lo que es el salario básico y el nivel inflacionario.

Esta ley promueve que, además de quitar ese gasto extra a los inquilinos, los dueños no paguen más del 4,15% de honorarios. Cabe destacar que, entre el mes de depósito, el adelanto, los pedidos de informes, certificaciones y demás, los inquilinos pagaban casi un 25% del total del contrato.

El hombre al frente de la organización sin fines de lucro que llevó esta iniciativa a ser ley (Inquilinos Agrupados) se manifestó al respecto: "Es evidente que el planteo es desesperado y sin ningún tipo de sustento. Además, es contradictorio con el proyecto que los mismos corredores presentaron en la Legislatura hace unos meses", dijo Gervasio Muñóz, quien ha manifestado en diferentes oportunidades a DR su preocupación por la irregularidad del mercado.