El martes, Gustavo Briones, presentó su "renuncia irrevocable" a su cargo de jefe de obstetricia del Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy, donde se le practicó la cesárea a la menor de 12 años, embarazada de seis meses, producto de una violación, a la que se le demoró practicar la Interrupción Legal del Embarazo. 

Briones justificó su renuncia en desacuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo provincial de practicar la cesárea a la menor, cuyo caso trascendió por la demora en practicarle el protocolo de interrupción del embarazo. El médico fundamenta que su decisión "irrevocable" es por la decisión del Gobierno por "desatender la opinión profesional brindada por la totalidad de los médicos especialistas", que se opusieron a avanzar con la interrupción del embarazo, en un caso que se debió aplicar la ley y no se cumplió.

"El criterio médico expresado, no constituyó la adopción de ninguna política en relación a la libertad de las personas, sino que respondió exclusivamente a los valores científicos que rigen la práctica de los servicios de salud", sostuvo Briones, desconociendo la práctica del protocolo ILE. El ex jefe de obstetricia citó a la OMS para señalar el criterio de interrupir un embarazo hasta la semana 22 —la niña de 12 años llegó con 23 semanas—, pero desconoció que había sido por producto de una violación. 

La menor ingresó al hospital de San Pedro y tanto ella como su madre manifestaron su voluntad de no continuar con el embarazo de 23 semanas producto de una violación. Sin embargo, los profesionales de la institución no le realizaron la práctica y, luego de unos días, fue trasladada a la maternidad en San Salvador. Allí, los médicos, entre los que había objetores de conciencia, determinaron que la mejor forma de interrumpir el embarazo era mediante una cesárea. La bebé que nació permaneció internada durante varios días y falleció el martes pasado. 

En la vereda opuesta de la postura del renunciante, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito repudiaron la demora en practicar la ILE. "Se vulneró toda una serie de derechos. Nosotros pedimos la remoción del ministro y de los responsables porque la cadena de responsabilidad es mucho más amplia que la del gobernador y Bouhid. Intervinieron terceras personas en la voluntad de la menor cuando todos sabemos que desde un inicio la niña y la familia pidieron una ILE", había resumido días atrás  Andrea Territoriale, docente, politóloga e integrante de la Regional Jujuy de la Campaña, que solicitaron la renuncia del ministro de Salud provincial.