Esta semana la Cámara alta debatirá una iniciativa ya sancionada en Diputados por la cual se endurece el sistema, prohibiendo el régimen de semi-detención o de salidas transitorias en imputados por delitos de homicidio de índole sexual y robo con armas, entre otros.

Desde que se sabe la noticia los presos de la cárcel de Devoto protestan desde las ventanas del penal en la que lanzaron consignas contra la modificación de la normativa. "No a la reforma de la ley 24660", gritan desde los módulos 5 y 6. Además comenzaron una huelga de hambre contra la reforma.

Desde las redes sociales ya se ven imágenes de humo desde algunos pabellones del penal. 

 

Este martes la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reúne desde las 15 para debatir el proyecto que en la Cámara baja impulsó el radical Luis Petri; y que allí sólo fue apoyado por el oficialismo y por un sector del Frente Renovador, ya que el kirchnerismo lo cuestionó duramente y lo votó en contra.

En la Cámara alta, en cambio, la iniciativa cuenta con el acuerdo de todos los sectores, de tal manera que el miércoles 19 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantendrá una reunión con las autoridades de la Cámara y con referentes del Interbloque Cambiemos y del Frente para la Victoria para tratar de acelerar la sanción del proyecto de ley.

El apuro por debatir un asunto que permanece en el Senado desde fines de noviembre del año pasado tiene sus raíces en el crimen de la joven Micaela García, presuntamente, a manos de Sebastián Wagner, quien había sido excarcelado por un juez de Entre Ríos tras cumplir sólo dos años, de su condena de nueve, por dos violaciones.

El nuevo régimen busca cambiar al de la Justicia de 1996 que, entre otros aspectos, no considera vinculantes los informes de conducta del preso para que el juez defina su excarcelación temprana.

El proyecto que se pondrá a discusión prohíbe las salidas transitorias y los regímenes de semi-libertad a imputados por homicidio simple, homicidio agravado por el vínculo, por odio racial, por crear un peligro común, en concurso de dos o más personas, a miembros de fuerzas de seguridad, por violencia de género o para causar sufrimiento a un tercero.

También están incluidos en la lista todos los delitos contra la integridad sexual, tanto a mayores como a menores, y la violación seguida de muerte, además del robo con armas cometido en poblado y en banda.

El proyecto indica que el desempeño del condenado en actividades que realice mientras cumpla su pena debe ser registrado e informado para su evaluación, lo que resultará relevante a la hora de recibir algún beneficio de libertad anticipada. Las decisiones para la progresividad del régimen penitenciario serán tomadas por el responsable técnico-criminológico del establecimiento, el director del lugar y el director del régimen correccional.

Además de todo esto, la víctima debe ser informada y expresar su opinión cuando se decidan las salidas transitorias del imputado, mientras que el juez que haga caso omiso de ello incurrirá en "falta grave". 

Los imputados por delitos vinculados con explotación sexual deberán llevar una pulsera electrónica y en los casos en que sean beneficiados con visitas a familiares fuera del establecimiento, deberán ser acompañados por agentes del Servicio Penitenciario. 

Todo este debate nace luego de que el cuerpo de Micaela García aparezca sin vida luego de un ataque sexual cometido por un hombre con antecedentes penales graves. Cabe destacar que está comprobado que endurecer los castigos por abuso sexual no es una solución efectiva ya que lo que genera un cambio real es la educación con perspectiva de género, no endurecer la pena.