Una nueva "política" de control migratorio que lanzó el Gobierno generó una gran polémica: se trata de una aplicación que se llama SIMEL y estará disponible desde septiembre de este año. Desde la Dirección Nacional de Migraciones explican que permitirá detectar “inmigrantes en situación irregular”.

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Horacio García, director de la Dirección Nacional de Migraciones, explicó a Clarín que "la app tiene una conexión directa con las bases de Migraciones, está todo concatenado. Ahí interviene Interpol, Reincidencia, Estadística Criminal, el Renaper, las bases de datos del Ministerio de Seguridad. La idea es saber si la persona está en forma regualar o irregular, de modo de conducirla a regularizar su situación". 

Atajándose a las críticas, García dijo que "están en contra de la iregularidad migratoria, no en contra de los migrantes irregulares" y aclaró que "a ellos los notificamos para que se regularicen "

"Todos los avasallamientos posibles se les producen estando en forma irregular: cobrarles más por su alojamiento, pagarles menos por la tarea laboral que realicen, caer en redes de trata… todo esto se produce porque la persona está irregular”, agregó el director de de la Dirección. 

Pero ante la incertidumbre sobre "el tono" con que efectivos policiales frenarán a personas en plena calle para chequear su situación migratoria, varios organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, por ejemplo, guiados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), firmaron una carta que este jueves dirigieron a la Jefatura de Gabinete de Ministros, manifestando gran preocupación.

Al respecto, Diego Morales, director de Litigio del CELS, explicó a Clarín que “la propuesta de la aplicación amplía formas de criminalización y expulsión, ya que transforma a todo funcionario público, sea nacional, provincial o municipal en un inspector de Migraciones”. 

En la carta enviada a Marcos Peña reza que "el plan posee características y objetivos que carecen de base legal y tendrán un impacto negativo en la vida y en la garantía de los derechos humanos de los y las migrantes que residen en el país" y agregó "de acuerdo a lo que trascendió, se realizaría un control migratorio masivo, sistemático y arbitrario realizado en manos de agentes de seguridad, y funcionarios públicos de salud y de la educación, a través de una aplicación de celular". 

García aclaró que piensan contestar la carta: “Estamos dispuestos a debatir y charlar. Ellos presagiaban muchas cosas y nosotros sólo ordenamos un poco. En dos años y medio de gestión no hicimos nada que atacase a los migrantes. Al contrario. La Argentina es muy generosa”.

Desde el Ministerio de Seguridad, explicaron que “hasta que la App no se presente oficialmente y se reglamente su utilización, no hay detalles al respecto".