En 2017 la quita de pensiones arbitraria que decretó el Gobierno ya había mostrado qué consideración tiene esta gestión por los grupos sociales vulnerables, pero ahora se recrudece aquella tendencia. Son muchas las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad que reclaman por fondos adeudados de parte del Programa Federal Incluir Salud (ex Profe).

El diputado socialista Omar Martínez elevó un pedido al EJecutivo y advirtió que los beneficiarios del programa son 3.000 y reciben unas 5.600 prestaciones mensuales: “Los prestadores denuncian un atraso de cinco meses en el pago y esto hace insostenible la cobertura de los servicios y contemplan cortar todos los servicios”, puntualizó según reprodujo ellitoral.com.

El programa lanzado hace 13 meses era descripto como un sistema de aseguramiento de salud pública que brinda cobertura médica en todo el país a través de las jurisdicciones provinciales, bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad. scuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión escolar y residencias, nucleados en el Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) advirtió que "hay entidades que tuvieron que pedir plata prestada a bancos o a personas para poder llegar al día con los salarios, en algunas organizaciones hubo suspensión de empleados y reducción de carga horaria", según describió desde la entidad Daniel Ramos en declaraciones a Clarín. 

 

En Mar del Plata los afectados protestan frente a la municipalidad desde abril
En Mar del Plata los afectados protestan frente a la municipalidad desde abril

 

Según denuncian, a "algunos se les deben 6 meses, a un número muy grande se les debe el mes de abril cuando ya debería estar pago el mes de mayo, a todos se les debe el 20% de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017, además de otras deudas".

"Estamos al borde de que algunas instituciones cierren. Hay otras organizaciones que  dicen que no van a trabajar más con discapacitados que tengan esta pensión no contributiva. Esta situación es terrible", lamentó Marita Domínguez, de CEMARID. 

"La demora pone en riesgo la prestación de servicio ya que no se le puede pagar al personal que los realiza. Tanto profesional médico como de otra índole", expone Julieta Blayer, de FENDIM.

"Desde que el Programa Federal Incluir Salud, que anteriormente dependía del Ministerio de Salud de la Nación y pasó en marzo a la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad, hemos estado en permanente contacto con todos los prestadores y se ha establecido un cronograma para regularizar los pagos de los meses del 2018", expresaron desde el Incluir Salud, aunque la promesa ya había sido manifestada y continúa sin abonarse.

"Cuando decimos que necesitamos un aumento de aranceles que, al menos, compense lo que subieron nuestros costos (inflación y aumento de salarios), nos hablan de falta de presupuesto. Esto después de prometer todo el año que con el estudio de costos se iban a normalizar los aumentos. El trabajo sobre este tema debe considerarse abandonado por parte de los organismos del Estado", asegura el comunicado de las organizaciones citadas y otras de las 500 comprendidas en el Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que denuncian que el incumplimiento es generalizado.

Esto prometía el Gobierno al lanzar el programa Incluir Salud.

Programa Federal Incluir Salud