A través de un escrito, los organismos nucleados en Justicia Ya, sostienen que "el pronunciamiento del TOF 1 es un nuevo intento por imponer un punto final, esta vez no a los juzgamientos a los genocidas, sino a las penas impuestas por juicios con todas las garantías constitucionales, deviniendo estos en meros actos declamatorios, sin ninguna consecuencia para quienes cometieron los más horrendos crímenes que podamos imaginar". 

Esta reacción es luego de que el viernes se conociera que los magistrados Alejandro Daniel Esmoris y Germán Andrés Castelli decidieran darle el beneficio a la prisión domiciliaria al genocida condenado en el 2006 por sus crímenes durante la última dictadura cívico - militar. 

El colectivo Justicia Ya forma parte de la querella en los juicios contra los represores, y denuncian que la tendencia de otorgar beneficios a los represores se reimpulsó bajo el gobierno de Mauricio Macri.