El plan es simple. Primero se identifica la zona con mayor potencial para el desarrollo de negocios inmobiliarios. Luego se convoca a los amigos para que inviertan en terrenos estratégicamente ubicados dentro de ese territorio. En paralelo, se dejan a la deriva a las instituciones públicas emplazadas en ese sector, entre las que se encuentran los tres establecimientos neuropsiquiátricos que tiene el distrito. Recién entonces se anuncia un ambicioso plan que propone construir una descomunal obra arquitectónica denominada Centro Cívico -que incluye las oficinas de la sede gubernamental- justo en el corazón del barrio de Barracas donde se encuentran los hospitales Tobar García, Borda y Moyano.

Este es el plan trazado por la administración Macri desde 2008 que estaría en plena ejecución de no ser por la resistencia de un grupo de trabajadores y miembros de organizaciones políticas y sociales que denunciaron la maniobra y ocuparon pacíficamente las instalaciones de uno de los pabellones del Borda, que sería el primero en ser demolido de avanzar la obra. Allí funciona el Taller Protegido 19 donde los pacientes realizan tareas integradoras y de capacitación laboral y que permanecía en plena actividad hasta el día que les exigieron desalojarlo para entrar con las topadoras a demolerlo.

La UTE formada por Teximco, EMA y Dal Construcciones ya tiene todo dispuesto para iniciar la construcción en etapas del proyecto diseñado por los estudios Egozcue Vidal y Pastorino Pozzolo, que consta de 5 bloques de vidrio ubicados en forma paralela, cuya disposición morbosamente emula la forma pabellonal de los hospitales circundantes a cuyos terrenos la obra prevé mutilar. La futura sede gubernamental es la punta del iceberg del Parque Cívico Central, un ambicioso desarrollo inmobiliario que propone la reurbanización de un área eternamente descuidada que va desde la Av. Caseros a Australia y desde las calles Ramón Carrillo a Perdriel, con la finalidad de transformar la mayor parte de los terrenos donde se alojan edificios públicos en propiedades con fines comerciales.

Aunque los funcionarios macristas lo niegan, son muchas las voces que se alzan para denunciar que detrás de la iniciativa se esconde un enorme negocio inmobiliario con el objetivo de beneficiar a los amigos del poder político. Pero lo que es aún peor: ninguno de los responsables del Ejecutivo puede explicar razonablemente dónde van a derivar a los miles de pacientes siquiátricos que perderán su lugar de atención y a los cientos de trabajadores que corren serio peligro de perder su fuente laboral. “Para Macri sólo somos un grupo de locos de mierda que no votamos, entonces no existimos”, dice uno de los internos que participa del festival solidario en defensa del Borda. Y tal vez haya que darle la razón, como a todos los locos.