En diciembre pasado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se ganó el reproche de buena parte de la ciudadanía, otorgando mayor blindaje a los uniformados para utilizar armas de fuego. Aquella decisión confirmaba la mirada que incluso el Presidente mostró en el caso Chocobar, pero en un sentido macro siempre supimos que no era otra cosa que el avance de la criminalización de la protesta y dar facilidades a los efectivos para intervenir.

En este caso, resulta evidente que la persona tirada en el suelo y retenida por las fuerzas sufrió el abuso de los policías, que acercaron piedras para justificar la privación de la libertad.

Este accionar claramente tiene la finalidad de mostrar ante la opinión pública el poder policial: sin embargo, casi en su totalidad, las causas por este tipo de situaciones casi siempre terminan en sobreseimientos.

Según recuerda un estudio del CELS, el 24 de octubre de 2018 la policía detuvo a 17 personas por disturbios, luego de una movilización al Congreso Nacional contra la sanción del presupuesto. Cuatro meses después, el fiscal archivó todas las actuaciones tras concluir que no había evidencias de que los imputados hayan arrojado piedras y/o resistido a la autoridad. Los testimonios policiales fueron vagos e imprecisos.

Durante la movilización del 8 de marzo de 2017, fueron 20 las personas detenidas, quienes tras un año de proceso resultaron sobreseídas. En diciembre de aquel año, el repudio generalizado obligó a vallar por cuadras el acceso al Congreso: tras los incidentes hubo 68 detenidos, de los cuáles 56 ya cerraron sus procesos.