El juez de Garantía N°3 del Departamento de La Matanza, Ruben Norberto Ochipinti, podría por estos días archivar una causa por abuso sexual. Lo que sería otra mancha más para la Justicia Argentina en general y una nueva herida para una madre que lo único que quiere es que se haga Justicia por todo lo que sufrió su hija. 

Tras seis años de inacción judicial, Ruth Álvarez, de 51 años ya no sabe qué hacer para que la causa contra su expareja, Claudio Fabián Delgado, reciba el tratamiento que merece. Tampoco logra que el Estado la ayude con la atención necesaria para su hija, una nena que a los dos años y medio fue abusada sexualmente por su padre en varias ocasiones. 

Delgado, taxista de 54 años, está imputado por "abuso sexual agravado por el vínculo", pero la causa podría quedar archivada y el único argumento firme para ello es el 'paso del tiempo'. 

La menor, que ahora tiene diez años, fue abusada por el padre cuando tenía tres años, en las ocasiones que se la llevaba dentro del régimen de visitas.

La última vez fue en octubre de 2012, cuando la niña volvió a su casa muy lastimada en la zona genital. Pero los abusos y el ejercicio de violencia contra la chiquita se habrían producido desde bastante tiempo atrás. La madre se fue dando cuenta de la situación por el estado en que volvía su hija y los padecimientos que con el tiempo y su posibilidad cognitiva le fue transmitiendo a la madre. "Mi papá me cagó a palos", le contó la nena entre llantos en aquella oportunidad. 

Como lamentablemente suele pasar en estos casos, las víctimas de violencia de género sufren primero en el hecho, y luego por la revictimización por parte de los centros de salud y de la Justicia. 

"En julio de 2012 la llevo a la Clínica La Esperanza de Flores. Tenía la cola lastimada, cuando le bajan la ropita miran lo que le pasó, les hice sentir el olor a semen en la bombacha”. “No hicieron nada, sólo me hicieron firmar un acta” dijo la madre. No se realizó el hisopado ni una revisación médica para ver si tenía himen.   

A lo largo de estos años, Ruth debió pedir le exención de dos fiscales de la Unidad Fiscal N°2 de San Justo. Primero por la inacción de más de 5 años y luego por la falta de sensibilidad de la letrada.

“El primer día que ella me entrevista la fiscal (Cecilia Revello) me preguntó: 'Señora, ¿qué hizo una menor de tres años y medio para que este abusador haya hecho esto?' Me saqué y le dije cómo me va a hacer semejante pregunta, le contó Ruth a Diario Registrado. 

Pocos días atrás, la titular de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Natalia Figueroa, le remarcó al juez Ochipinti "la profunda preocupación y tristeza que le provoca a la Sra. Álvarez el hecho de saber el posible cierre definitivo de la causa"

Además, destacó que la madre "nos acercó documentación contundente sobre la situación de victimización que ha transitado la niña por parte de su progenitor cuando tenía dos años y medio de edad". 

En los escritos figura que la perito psicóloga Ingrid Mosca, dictaminó el 10 de mayo de 2013 que "es de prever que la dinámica traumagénica alterará el desarrollo cognitivo y emocional de la víctima, distorsionando su autoconcepto, la vista del mundo y las habilidades y estabilidad afectiva en el futuro".

El taxista Delgado tampoco se presenta a las audiencias en el Juzgado de Familia por la cuota alimentaria. De hecho, tiene cuatro imputación por la falta de pago de los alimentos, tanto la actual como de todos los meses de atraso.

Ruth además le contó a este medio que recibió amenazas por parte de familiares de Delgado. La acusan de mentirosa y defienden al taxista, pese a todas las pruebas que hay en su contra.

Desde que inició la causa pasó por tres fiscales. Primero la tuvo Analía Córdoba, de la  Unidad Fiscal N°2 de San Justo. Luego estuvo a cargo de María Cecilia Revello, también de la misma Unidad Fiscal N°2 y de quien Álvarez pidió la exención por acusar a su hija de tres años de ser responsable del abuso que sufrió. 

Ante la inacción, la causa pasó al juzgado de Morón donde estuvo parada más de un año y volvió sin movimientos porque no correspondía al distrito. 

María Catalina Baños no cumplió con el pedido de la fiscal general y le niega el botón antipánico. Tampoco le hicieron a la menor una pericia en la cámara Gesell, como pide la madre.

Tanto la fiscalía y la Defensoría se negaron a librar oficio ante Sacta y transporte público de taxista. Este imputado sigue transportando pasajeros libremente.