A pesar de que el Código Penal establece que debe asistirse en las centros de salud públicos a las víctimas de violación para acceder a un aborto no punible y gratuito, las autoridades médicas de al menos dos hospitales jujeños, demoran asistir a una niña de 12 años violada en San Pedro, Jujuy.

Si bien la víctima estuvo primero en el nosocomio de San Pedro, desde hace unos días permanece internada en el Hospital “Dr. Guillermo Paterson” donde los profesionales se niegan a cumplir con la interrupción voluntaria de su embarazo, incluso manifestado por la propia niña.

En las últimas horas, militantes “provida” hicieron una manifestación en la puerta del centro de salud mientras que militantes por el aborto legal también se presentaron para apoyar a la niña.

La junta médica advierte que no llamarían a este aborto como tal, sino que prefieren hablar de "parto inducido", abordando de una manera religiosa la definición de vida: no se trata de un bebé sino de un feto en estado de desarrollo avanzado, pero que de igual manera pone en riesgo de muerte a la menor al momento de dar a luz de ser obligada a continuar con su gestación.

 

Stella Maris Manzano, especialista en tocoginecología y medicina legal destacó que evitar el aborto no punible a la niña jujeña podría enmarcarse como "el delito federal llamado tortura".

 

En cambio, Stella Manzano, especialista en Tocoginecología y Medicina Legal, y médica del fallo F.A.L. -caso que marcó un antecedente en el acceso a los abortos no punibles en el país- exigió que “el aborto corresponde ser hecho hoy”.

“La niña de 12 años tiene mucho riesgo de morir en el parto. Forzar a una mujer violada a parir es tortura. Obligarla a parir en pos del no nacido es decir que la vida de la niña no importa”, manifestó en declaraciones a Radio Con Vos.

La especialista reveló una estadística clave: las complicaciones en el parto son la tercera causa de muerte en niñas de entre 10 y 14 años y aclaró que, de acuerdo al tiempo de gestación, “no es un bebé sino un feto”.

Además, la diputada Gabriela Burgos -que responde al gobernador Gerardo Morales- se presentó en la puerta del hospital para justificar la manifestación de los 'pañuelos celestes': “los médicos estaban actuando, se iban a reunir para llevar adelante la práctica, y luego de los análisis realizados vieron que el embarazo está muy avanzado y que la inducción al parto es riesgosa para la vida de la niña”, dijo la legisladora.