"Duele mucho más cuando uno se entera de que no fue un accidente", recuerda Rolando Monticelli, papá de Juan Matías Monticelli, en una entrevista con Radio Gráfica, en una primera entrega de un informe sobre la tragedia de Barracas. La destrucción de la información almacenada en papel era crucial para mantener evitar la divulgación de la data que comprometía al menos a 29 compañías, que estaban siendo investigadas por lavado de dinero, fraudes y delitos tributarios, las cuáles guardaban archivos en Iron Mountain.

A pesar de que distintas pericias de la Policía Federal y la Universidad Tecnológica Nacional señalaron que el incendio fue intencional, el juez Pablo Ormaechea procesó sin prisión preventiva a cuatro directivos de la empresa, el responsable de la firma de seguridad que custodiaba el lugar y 12 funcionarios de mediana o baja jerarquía del gobierno porteño, por "incendio culposo seguido de muerte", trabando además embargos entre 7 y 20 millones de pesos. Sin embargo, ninguno fue detenido.

"Decile a tu papá que se calle porque va a aparecer tirado por ahí", recuerda Monticelli el mensaje mafioso que escuchó una de sus hijas al teléfono. pero antes también había recibido idénticos ataques vía mensaje de texto y desde una cuenta de Facebook asociada al entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Gómez Centurión.

Este militar retirado mantiene un par de cuestiones por las que se sospecha su participación indirecta: cuando fue citado a dar explicaciones dijo sin ponerse colorado que el expediente de habilitación -la caída de la pared que mató a los 8 bomberos y dos rescatistas, estaría relacionada a la falta de control de medidas de seguridad mínima, por lo que el galpón no debería haber contado con la hablitación- además de haber trabajado para varias de las firmas que guardaban información allí, incluyendo Cencosud, empresa que retiró 243 cajas de informes justo en los días previos al siniestro.

Banco Patagonia, el HSBC, JP Morgan y la más sospechosa Servicio Electrónico de Pago SA: todas necesitaban deshacerse de material que las podía comprometer, pero la última además, pertenece al grupo empresario de la familia del presidente Mauricio Macri.

"Esto no fue una tragedia, fue un asesinato producto de la corrupción de ese momento que nos hizo perder diez servidores por papeles que ellos quisieron quemar", aseguró Jorge Campos, papá de Sebastián Campos, uno de los fallecidos del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, en declaraciones a cronica.com.ar

Además de Sebastián Campos y Matías Monticelli, en el incendio murieron Facundo Ambrosi, compañero de Campos, otros cinco bomberos de la Policía Federal: Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz y Maximiliano Martínez; y dos agentes de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola.