Las celdas de la Unidad Penal 29, ubicada en Comodoro Py, deberían ser de tránsito, usadas por detenidos que van a declarar a los Tribunales y vuelven a sus lugares de origen, o aquellos que fueron apresados en las últimas horas y esperan destino final en una cárcel federal. 

Sin embargo, eso no se cumple, ya que según constata en un informe del Sistema Interisnstitucional de Control de Cárceles que accedió Infobae, en las celdas que hay en la Unidad Penal 29, en una celda individual hay cinco personas y donde pueden estar cinco, hay 30 personas. 

Una comisión de este organismo, presidido por el juez de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, visitó las celdas de esta alcaidía de Comodoro Py el último 5 de julio y se encontró con un panorama inhumano para quienes quedan alojados ahí. 

Personas hacinadas en una sola celda, sin posibilidad de aseo e higiene, incomunicadas tanto en el sector masculino como femenino. 

Al momento de la visita en la Unidad Penal 29 se alojaban 105 personas, de las cuales 78 se encontraban a la espera de cupo en cárceles federales. La comisión del Sistema de Control de Cárceles se encontró con casos de personas que llevaban hasta 34 noches de alojamiento allí, y detenidos que llegaron de otras jurisdicciones federales, como los Tribunales de Morón, La Plata, Rosario, San Martín y Campana, entre otros.

El sector masculino de la alcaidía penal 29 -que depende orgánicamente de la Unidad Penal 28, ubicada en Tribunales y con problemas similares de hacinamiento– tiene una pasarela de unos 30 metros de longitud, sobre cuyo lado izquierdo existen siete celdas colectivas.

En el informe se aclara que las autoridades de la UP 29 destacaron que "por motivos de seguridad los colchones son retirados durante el día". En el Sistema de Control de Cárceles explicaron que eso motiva que las personas detenidas se sienten en el piso de cemento sobre mantas húmedas y donde puedan.

Uno de los integrantes del Sistema comentó la impresión que le dejó la visita: "No debería haber nadie alojado que no sea en tránsito. Hay estándares internacionales para marcar la capacidad de la alcaidía, pero no hay un cupo genérico o automático: no es igual 'a un colchón, un interno', todos tienen derecho a un espacio determinado relacionado con el tipo de lugar, derecho al aire, al agua. Y nada de eso se cumple".

La situación en el sector de mujeres de la UP 29 es igual. Hay un pequeño colectivo y dos celdas individuales para detenidas en situación de incomunicación dispuesta judicialmente.

En el pabellón grupal ("de muy reducidas dimensiones", dice el informe), el 5 de julio se encontraban seis mujeres a disposición de juzgados federales de CABA, Campana y Morón. Ese sector no cuenta con ningún tipo de ventilación (ni ventanas ni ventiladores). Y el inodoro instalado dentro de la celda colectiva no cuenta con ningún tipo de separación, lo cual impide que las mujeres tengan intimidad a la hora de realizar sus necesidades.

El informe destaca que la alcaidía no cuenta con ningún teléfono público para que las personas privadas de su libertad puedan comunicarse con sus abogados defensores ni con sus familiares.

"La permanencia en la Unidad 29 -Alcaidía Penal Federal- deberá ajustarse a la naturaleza de la función para la cual fue creada; esto es, para el tránsito de aquellas personas que son citadas a comparendos por los diferentes Tribunales y Defensorías Federales, así como también aquellas personas que ingresan originariamente desde el medio libre, es decir desde las comisarías de la Policía de la Ciudad, de la provincia de Buenos Aires, Policía de Seguridad Aeroportuaria, como de otras Fuerzas de Seguridad. Por tal motivo, de manera imperiosa consideramos que corresponde establecer el cupo formal de la Unidad y que las personas detenidas no deben permanecer allí por tiempo prolongado", reclama el informe del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles.

La acumulación de personas privadas de la libertad en una alcaidía que debería ser exclusivamente de tránsito tiene que ver directamente con la sobrepoblación en otras unidades penales.

Un fallo reciente de la Cámara de Casación Penal prohibió el ingreso de más presos en la unidad penal federal de Marcos Paz debido a que hay muchos más presos de lo permitido, al punto de que meses atrás se cerró un gimnasio para ubicar más internos. De acuerdo a un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en junio pasado había allí 2.822 presos, cuando la capacidad máxima es de 2.404.

Otra de las razones es el notable incremento de detenciones como consecuencia de la ley de flagrancia. Infobae dio cuenta meses atrás de la calidad de presos que ingresan al sistema penitenciario: personas que robaron comida, elementos de higiene u objetos para revender.

En marzo pasado, el Ministerio de Justicia de la Nación reconoció el problema y declaró la "emergencia penitenciaria". La población penitenciaria alojada en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal experimentó un incremento significativo en los últimos años durante la administración Cambiemos.

"Hay que tomar decisiones de política criminal seria y constitucional. Decidir por qué delito vamos a poner penas privativas de libertad, a quién y cómo castigar desde el Estado, sobre todo si estamos en emergencia penitenciaria. ¿Vamos a meter en la cárcel a la gente que hurta? ¿Y la vamos a alojar durante unos meses con un asesino o un violador? Eso carece de finalidad y de tratamiento", se preguntó el juez Hornos, presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, ante la consulta de Infobae. Y agregó: "Una manera de unificar criterios es desde la acusación pública, que es formadora formal y material de política criminal".

Para el juez Alejandro Slokar, uno de los integrantes de la Cámara de Casación que firmó el cese de ingresos a Marcos Paz, "la 'emergencia penitenciaria' obedece, en cualquier caso, a la incapacidad de previsión gubernamental respecto de las derivaciones que esas 'exitosas políticas habrían de acarrear necesariamente".

Fuente: Infobae Informe completo aquí