Ante la regular detención en Jujuy de la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, organismos de derechos humanos y dirigentes sociales y sindicales de la provincia solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tuvo lugar este lunes en Washington, con fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional y al gobernador Gerardo Morales.

Así fue como las organizaciones peticionantes, lideradas por el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Horacio Verbitsky, denunciaron que en Jujuy se han violado derechos políticos y que existe una “intolerable persecución” por parte del gobernador radical.

El CELS, además, aseguró que hay una “supresión de derechos políticos y sociales” en la provincia del norte argentino hacia sectores que realizan protestas, y “criminalización del acampe”; y en esta línea, Verbitsky lamentó: "En Jujuy no rige la Constitución Nacional, rige la voluntad del gobernador de la provincia y ese es el núcleo del problema”.

De este modo, el presidente del CELS señaló que el Estado nacional y provincial utilizan "bellas palabras" de respeto a los derechos humanos pero que "en la práctica es otra cosa; hay palos, gases, gendarmería dentro de las empresas". 

En respuesta a las acusaciones, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, aseguró que en la provincia "está plenamente garantizado el derecho de peticionar a las autoridades, de libertad de expresión y a manifestarse".

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que hay "un compromiso manifestado por el presidente de la Nación de avanzar en una sociedad que se base en el respeto", y expresó la voluntad del Gobierno de "colaborar" con la CIDH.