El brutal asesinato de la pequeña Sheila, según las confesiones correspondientes perpetrado por sus propios parientes, volvió a darle motivos al diputado salteño, Alfredo Olmedo, quien lleva años insisitiendo en un proyecto de Ley que prevea la pena máxima.

A pesar del planteo de Olmedo -basado en que la persona que mata "ya perdió incluso el valor de su vida"- o del evidente avance de la muerte por razones ideológicas, sociales o de orientación sexual que tiene lugar en Brasil de la mano de Jair Bolsonaro, Aministía Internacional clarificó que el número de ejecuciones y de países que prevén la máxima pena entre sus leyes cada vez es menor. En 2017 se registraron 993 ejecuciones por pena de muerte, un 4% menos que el año anterior (1.032 ejecuciones) y un 39% menos que en 2015 (1634). 

La ONG contabilizó en 56 los países en el mundo que mantienen la pena de muerte: China, Irán, Arabia Saudita, Iraq y Pakistán son los cinco que más ejecuciones llevaron adelante en 2017. China tiene el 84% de las 993 ejecuciones totales.

Al mismo tiempo, Guinea y Mongolia son los más recientes de los 142 países abolicionistas. Amnistía Internacional describe además que este tipo de ejecuciones no supone un juicio justo, sino que permite "la obtención de 'confesiones' mediante tortura u otros malos tratos".