La Fiscalía de la Ciudad, a cargo de Martín Lapadú, realizó dos allanamientos a la empresa Uber, en el marco de una investigación de oficio que busca elementos probatorios para comprobar si son responsables por evasión impositiva y uso indebido del espacio público con fines lucrativos. 

Mientras se realizaba el allanamiento, un grupo de taxistas se manifestaba en la puerta del edificio -los domicilios investigados corresponden a una casa particular y al estudio jurídico Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa, en avenida Leandro N. Alem 855- y se produjeron incidentes con una persona que se identificó como un usuario del sistema.

"El fin de los operativos es el de secuestrar toda la documentación relacionada con la firma Uber, que permita comprobar la prestación no autorizada del servicio e individualizar a sus autores", aseguró la Unidad de Investigaciones Complejas a cargo del Fiscal de Cámara de la Unidad Oeste, en un comunicado oficial.

"Cuando el allanamiento finalice, podremos determinar si este estudio pertenece o no a la compañía", aseguró Lapadú, en diálogo con el canal de noticias C5N, al tiempo que especulaba con la posible cancelación del servicio que brinda al aplicación móvil. 

"Queremos encontrar documentación o elementos de prueba en las computadoras y archivos informativos para saber cómo es la metodología y el giro comercial", dijo Lapadú.

Sin embargo, fuentes vinculadas a Uber le manifestaron a algunos medios como Infobae que dichos domicilios no representan la sede de la firma, sino que albergan a sus defensores legales.